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En las últimas semanas volvió a instalarse en la agenda pública el debate sobre los vuelos irregulares en zonas de frontera, la vigilancia del espacio aéreo y la eventual sanción de una ley de derribo. La discusión es necesaria, pero debe tener una mirada integral: una ley aislada no alcanza mientras persista el atraso normativo, operativo y jurídico acumulado durante años en el país.
Argentina enfrenta desde hace décadas un rezago crítico: no se actualizaron normas clave del Código Aeronáutico, ni se avanzó en marcos modernos de protección del espacio aéreo. Tampoco se instrumentó un sistema eficaz de extinción de dominio que impida que aeronaves incautadas a bandas narcos o por otros delitos complejos, puedan ponerse rápidamente al servicio del Estado para tareas operativas, sanitarias o de vigilancia en la frontera. Esta última asignatura también tiene serías deficiencias advertidas por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en aeródromos de Salta y Jujuy cercanos al límite internacional con Bolivia.
Todos estos aspectos, que El Tribuno abordó con la directora nacional de Vigilancia y Control de Fronteras, Virginia Cornejo, han tenido una consecuencia concreta: aviones secuestrados que podrían cumplir funciones estratégicas quedan inmovilizados, se degradan y pierden valor, desperdiciando recursos públicos y capacidades logísticas indispensables. "Ponemos al Estado a trabajar en temas que se deberían solucionar poniéndolo todo al servicio de la seguridad", sostuvo la funcionaria nacional, tras señalar que el impulso de una ley de derribo encierra aspectos medulares que no deberían pasarse por alto para que la discusión abierta tenga la seriedad que merece.
Planes de vuelo
La funcionaria del Ministerio de Seguridad de la Nación recordó que toda operación aérea regular debe presentar un Plan de Vuelo ante la oficina correspondiente de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), sociedad del Estado creada por ley 27.161 bajo la órbita de la Secretaría de Transporte. Allí se registran los datos técnicos del trayecto, la identificación de la aeronave, su tripulación, los puntos de ingreso y egreso del espacio aéreo y el tipo de operación.
Cornejo subrayó que la diferencia entre un vuelo autorizado y un vuelo TAI (Tránsito Aéreo Irregular) es central en el análisis: cuando una aeronave cruza una línea de frontera, que en el caso del norte tiene al paralelo 29° como referencia geográfica utilizada para la vigilancia aérea, la autoridad competente (que incluye a la Fuerza Aérea Argentina) debe estar informada y en capacidad de monitorear su tránsito. De lo contrario, el vuelo queda expuesto a ser clasificado como irregular, lo que habilitaría los protocolos específicos de advertencia, seguimiento y eventual interceptación.
Infraestructura crítica
En el norte del país, puntos estratégicos como Tartagal/General Mosconi (Salta) y La Quiaca (Jujuy) requieren de aeródromos operativos, certificados y modernizados. Las pistas, hangares, comunicaciones, balizamientos, radioayudas y sistemas de abastecimiento de combustible no son un detalle técnico, sino un componente esencial de la seguridad nacional, la integración provincial y la respuesta sanitaria regional. "Estos temas son hablar de federalismo, porque no se trata de otra cosa que de tener estos espacios al servicio de la seguridad y la comunidad", recalcó la funcionaria.
El estado operativo de las pistas norteñas que tienen asignado un rol preponderante en el control aéreo de la extensa fronteriza con Bolivia, dista hoy de ser aceptable. Recientes inspecciones dispuestas por la ANAC en los en los aeródromos de Mosconi, Orán y La Quiaca dejaron a la vista una serie de deficiencias de larga data que exigen inversiones, obras, adecuaciones, correcciones y hasta acuerdos interinstitucionales con carácter de urgentes. Las condiciones del aeródromo de la localidad jujeña fronteriza con Villazón son tan deplorables que, tras inspecciones realizadas el 16 y 17 de septiembre, la ANAC resolvió mantener su clausura. Antes, del 11 al 12 de agosto especialistas del organismo nacional habían inspeccionado al aeródrono de la ciudad de Orán. Tras el crítico informe, la autoridad de aviación civil ordenó a su administración una serie de medidas correctivas inmediatas bajo apercibimiento de disponer, en caso de que no se ejecuten en los plazos perentorios indicados en la intimación, su clausura operativa.