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La elección legislativa de octubre de 2025 encuentra al gobierno de Javier Milei en un momento decisivo. Todo indica que el resultado será favorable para el 2026: el bloque de La Libertad Avanza está a dos diputados de ser la primera minoría arrebatando ese lugar al peronismo que sigue enroscado en su trauma interno, más un clima financiero que, pese a turbulencias recientes, continúa mostrando cierta tolerancia internacional al experimento libertario. Pero incluso si ese rumbo se confirmara, la Argentina continuaría exactamente en el mismo punto donde estaba antes de las elecciones. Las tensiones estructurales de la economía, la fragilidad del programa, la inconsistencia del ancla cambiaria y la ausencia total de una estrategia industrial seguirán allí, intactas, indiferentes a la matemática electoral. Y si algo muestran los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el INDEC y consultoras privadas es precisamente esto: el problema económico se resuelve, si se resuelve, corrigiendo desequilibrios profundos. Claro, para hacer eso, el gobierno debe abandonar dogmas y crear consensos. Aunque Milei ya no insulta, tampoco lidera.
Con ganar no basta
Para comprender por qué el triunfo no cambia nada, es necesario comenzar por un dato político central: la desprolijidad gubernamental no es un detalle superficial, sino un componente que afecta la estabilidad macroeconómica. Desde los primeros meses de gestión, Milei convivió con un gabinete atravesado por tensiones internas, renuncias, realineamientos y una puja constante entre figuras clave. El premio Nobel de Economía, Paul Krugman, identifica que la fragilidad política, derrotas legislativas provinciales, disputas internas, señales contradictorias desde Casa Rosada, fueron factores que aceleraron la corrida contra el peso cuando los mercados percibieron que el gobierno carecía de cohesión que requiere un programa de shock sostenido en el tiempo. Y es aquí donde aparece un elemento que conviene desarrollar con claridad: la interna sostenida entre Karina Milei y Santiago Caputo, dos figuras que ocupan cargos que controlan buena parte de la arquitectura del poder, es una fuente permanente de inestabilidad. Ambos disputan influencia sobre el presidente, sobre las decisiones de comunicación, sobre los nombramientos y sobre la estrategia política general.
El gobierno ya había incorporado a su staff figuras que arrastraban antecedentes cuestionados, como técnicos asociados a medidas de crisis previas, incluyendo a quienes participaron del Megacanje en el pasado, pero a esa fragilidad técnica se suma una fragilidad política interna: cuando dos operadores delimitan el rumbo estratégico del gabinete, la funcionalidad del gobierno queda severamente comprometida.
Es un error político más, uno que no se corrige ganando elecciones ni fagocitando al PRO. Porque las internas no desaparecen con más bancas: se profundizan, se recubren de competencia por espacios de poder y generan señales confusas hacia los actores económicos. Para un mercado que exige previsibilidad, la ambigüedad es un costo. Y el gobierno transmite cada vez más ambigüedad.
La frontera económica
Pero aún dejando de lado estas desprolijidades internas, la limitación central del programa no es solamente política, sino económica. La Oficina de Presupuesto del Congreso ofrece un diagnóstico cuantitativo detallado sobre el corazón del problema: el tipo de cambio argentino se encuentra peligrosamente sobrevaluado, con un desfasaje del 20%.
Esa cifra resume de manera perfecta el cuadro: la estabilidad transitoria que exhibió el gobierno se apoyó en un tipo de cambio artificialmente bajo, sostenido por una combinación de tasas altas, expectativas favorables de corto plazo y un boom de capitales especulativos que ingresaron atraídos por el diferencial entre inflación y crawling peg (*). En lugar de incentivar exportaciones, ese esquema las castiga; en lugar de estabilizar, genera incentivos crecientes para que los agentes económicos anticipen una corrección abrupta.
El Ministerio de Economía llegó al punto de pedirle al sector agrícola que realizara carry trade (**) con los pesos obtenidos por sus ventas, un pedido insólito para un Estado que debería promover liquidación de divisas, no especulación financiera, pero la respuesta del campo fue contundente aun cuando su función es producir, no operar en los mercados financieros del gobierno.
En una economía que necesita urgentemente dólares genuinos, la señal fue elocuente: el esquema cambiario desalienta la producción y estimula la especulación. En sistemas así, los dólares no entran, esperan una corrección para entrar más baratos o salen cuando perciben que la burbuja está agotada. Es justamente esta lógica la que Krugman identifica al comparar el programa con la "tablita" de los años setenta. Krugman recuerda que el patrón histórico se repite con una fuerte devaluación inicial, seguida de una apreciación real acelerada que produce un auge financiero transitorio, pero destruye competitividad y termina, inevitablemente, en crisis. Lo mismo ocurrió en la Argentina y en el Chile que colapsó en 1982. Y los indicadores actuales se alinean peligrosamente con esas experiencias al ver que el PBI creció interanual en el primer trimestre de 2025, pero ese crecimiento no provino de mayor producción sino del ciclo de capitales que ingresaron para aprovechar el tipo de cambio atrasado, para luego dolarizar posiciones y retirarse tan rápido como habían entrado.
¿Y la economía real?
El problema de fondo es que la economía real y la economía financiera se han desvinculado por completo. Mientras el Merval avanza, la industria cae; mientras los balances bursátiles celebran, los salarios pierden poder adquisitivo; mientras los inversores externos recomiendan tácticas de entrada y salida exprés, hay bancos que asesoran a sus clientes sobre el momento óptimo para dolarizar sus ganancias antes de una corrección de expectativas, la producción nacional se enfrenta a costos crecientes, tasa de interés prohibitivas y un mercado interno comprimido por el ajuste.
Ningún país puede sostener el crecimiento con una economía real en caída y una economía financiera desconectada.
Las reservas, por su parte, no cuentan una historia distinta. Los US$ 12.000 millones aportados por el FMI no incrementaron la capacidad real de intervención del Banco Central, sino que fueron utilizados para recomprar letras intransferibles, transformando reservas contabilizadas en reservas líquidas sin modificar el stock neto disponible para enfrentar presiones cambiarias. A eso se suma la dependencia del swap chino, del cual Argentina ya utilizó USD 5.000 millones, y cuya cancelación inmediata ha sido exigida por Washington en cuanto el país registre un aumento de reservas, lo que significa que cualquier mejora será absorbida automáticamente por obligaciones externas. Este dato es fundamental: no hay manera de que la Argentina acumule reservas mientras su principal "oxígeno" financiero implique devolver deuda apenas se respire. Si no, hay que explicar cómo Bessent permitió un swap para garantizar su salida de pesos en dólares crocantes.
La industria, sin plan
Al desequilibrio fiscal, monetario y externo se suma un cuarto elemento que el gobierno parece ignorar: la necesidad de un plan industrial. Los datos actuales del INDEC confirman que el ajuste fiscal no se apoyó en mejoras de eficiencia, sino en la paralización de obligaciones, la reducción de fondos educativos, la cancelación de obras y la transferencia del costo hacia los hogares más vulnerables. La eliminación del piso de educación como porcentaje del PIB, la caída del financiamiento para educación técnica y la interrupción del sendero de inversión en ciencia y tecnología hasta llegar al 1% del PIB comprometen severamente las capacidades productivas del país a mediano plazo. Sin industria, sin investigación, sin universidades robustas, sin innovación y sin crédito productivo, la economía queda reducida a un ciclo rentístico: exportar commodities, atraer capital especulativo y administrar un ajuste que deteriora lentamente el tejido social. El impacto humano del programa es igualmente visible. Los mismos datos explican una caída superior al 30% en las pensiones en términos reales, una reducción masiva del empleo público, más de 50.000 despidos, el congelamiento de programas esenciales y la paralización casi total de la obra pública, con efectos especialmente duros sobre mujeres, jóvenes, sectores que ya venían vulnerados antes del ajuste. La economía interna, que ha sido históricamente uno de los motores de la actividad argentina, se encuentra comprimida al extremo. Y sin demanda interna, no hay reactivación posible.
Frente a este panorama, el resultado electoral es casi irrelevante para la macroeconomía. Nada de eso se corrige porque el oficialismo obtenga más diputados o porque la oposición quede debilitada. Los problemas estructurales permanecen si esa fuerza política no se usa para lograr consensos de largo plazo, políticas de Estado.
La conclusión es inevitable: la Argentina necesita un programa económico consistente, no un resultado electoral favorable. Y mientras ese programa no exista, la victoria del gobierno es apenas una pausa política en un deterioro económico que continúa su marcha, indiferente a las urnas y ajeno a cualquier celebración.
(*) Sistema de tipo de cambio por el que una moneda se ajusta gradualmente y de manera preestablecida frente a una divisa de referencia, como el dólar.
(**) "Carry trade": tomar prestado dinero en una moneda con baja tasa de interés para invertirlo en una moneda con una tasa de interés más alta.