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Hay momentos en la vida institucional de un país que no se miden por su impacto económico inmediato, sino por el daño más profundo, y más duradero, que producen sobre la confianza. Febrero de 2026 quedará registrado como uno de esos hitos. No por el dato de inflación en sí mismo, sino por la decisión política del gobierno de Javier Milei de intervenir el termómetro antes que discutir la fiebre.
La renuncia del titular del INDEC, la postergación indefinida de la actualización metodológica del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la acumulación de explicaciones contradictorias desde el Poder Ejecutivo configuran un episodio que trasciende la discusión técnica. Lo que está en juego no es un decimal, sino la credibilidad del sistema estadístico argentino, uno de los pocos consensos institucionales que el país había logrado reconstruir tras la crisis de manipulación del período 2007–2015.
El dato duro es conocido: el INDEC continúa midiendo la inflación con una canasta de consumo basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004–2005, a pesar de que estaba prevista su actualización a partir de enero de 2026 con base en la encuesta de 2017–2018. La decisión política fue frenar ese cambio luego de la salida de Marco Lavagna, aún cuando el nuevo índice ya estaba técnicamente listo y había sido comprometido tanto en el Presupuesto 2026 como en el acuerdo con el FMI. La consecuencia no es neutra. La estructura actual subrepresenta el peso real de tarifas, alquileres y transporte, rubros que más crecieron en el último año, y sobrepondera consumos que ya no reflejan el patrón cotidiano de los hogares argentinos.
Según las mismas estimaciones del INDEC, si la nueva canasta se hubiera aplicado, la inflación medida habría sido significativamente mayor en el período reciente, con impactos directos sobre jubilaciones, paritarias y bonos indexados.
Hasta aquí, podría tratarse de una controversia técnica. El problema es que el Gobierno eligió politizarla. Las explicaciones públicas oscilaron entre acusar al ex titular del INDEC de "medir mal", sugerir intencionalidad política en la metodología y, finalmente, crear una Oficina de Respuesta Oficial destinada explícitamente a "desmentir" críticas y señalar supuestas operaciones mediáticas. Cuando un gobierno necesita una oficina para defender la veracidad de sus estadísticas, la señal institucional es inequívoca.
Este episodio recuerda, con inquietante similitud, al intento de expropiación de Vicentin anunciado por Alberto Fernández en junio de 2020. En aquel entonces, el problema no fue sólo la viabilidad jurídica o económica de la medida, sino el mensaje implícito: la disposición del Poder Ejecutivo a forzar reglas, reinterpretar marcos legales y avanzar sin consensos básicos. El resultado fue un quiebre de confianza que aceleró la huida de inversiones, debilitó al propio gobierno y marcó un antes y un después en su legitimidad política.
Hoy, con signos ideológicos opuestos, el gobierno de Milei reproduce una lógica similar. Se presenta como aliado del mercado y la transparencia, pero interviene el principal instrumento de medición económica cuando los datos dejan de acompañar el relato. No se trata de falsificar números de manera burda, sino de algo más sofisticado y, por eso mismo, más peligroso: conservar una metodología obsoleta porque produce resultados políticamente funcionales.
La negativa a actualizar el IPC implica barrer bajo la alfombra diferenciales de inflación que afectan especialmente a los sectores más vulnerables y distorsionan la formación de expectativas. La inflación no desaparece porque no se mida; simplemente se redistribuye de manera opaca. El daño institucional se amplifica cuando se observa el contexto. Este es el primer dato de inflación publicado tras la salida del titular del organismo y en medio de una tendencia alcista sostenida desde mediados de 2025. En enero de 2026, la inflación mensual alcanzó el 2,9%, el valor más alto desde marzo del año anterior, con alimentos creciendo al 4,7%. Manipular el instrumento de medición en este escenario no reduce la inflación real, pero sí erosiona la confianza en el diagnóstico oficial.
La confianza es un activo invisible pero central. Sin ella, los mercados no creen, los sindicatos no negocian con datos compartidos y la política económica pierde anclaje.
Argentina conoce bien ese camino. La confianza no figura en ninguna planilla del Ministerio de Economía ni se publica en los informes mensuales del INDEC, pero es el insumo sin el cual ninguna política económica funciona de manera sostenida. Es un activo invisible, acumulativo y frágil. Se construye lentamente y se pierde en episodios puntuales que, muchas veces, los gobiernos subestiman por creerlos meramente coyunturales. Argentina conoce ese recorrido con precisión quirúrgica.
Cada vez que la confianza se rompe, el problema deja de ser económico y pasa a ser institucional. Los mercados no reaccionan sólo a tasas de interés o resultados fiscales: reaccionan a la previsibilidad. Cuando los datos oficiales dejan de ser creíbles, el riesgo no es un mal número, sino la imposibilidad de coordinar expectativas. Sin expectativas compartidas, no hay inversión, no hay crédito de largo plazo y no hay horizonte.
Lo mismo ocurre con el sistema de negociación social. Los sindicatos no discuten salarios contra una cifra aislada, sino contra una referencia común. Cuando esa referencia se erosiona, la negociación se vuelve defensiva, fragmentada y, finalmente, conflictiva. Cada actor empieza a cubrirse por su cuenta porque el Estado ya no cumple su rol básico: arbitrar con información confiable. El resultado es más inflación inercial, no menos.
La política económica, en ese contexto, pierde anclaje. Puede anunciar metas ambiciosas, programas de estabilización o reformas estructurales, pero sin confianza esos anuncios flotan en el vacío. La historia reciente muestra que los planes fracasan menos por errores técnicos que por déficits de credibilidad. El problema no es que la sociedad no entienda el ajuste, sino que no cree que las reglas se mantengan. Por eso, la confianza es poder institucional concentrado. Cuando se preserva, amplifica cualquier decisión razonable. Cuando se rompe, incluso las decisiones correctas se vuelven impotentes. Argentina no necesita redescubrir esta lección: ya la pagó varias veces. La pregunta es si esta vez está dispuesta a aprenderla antes de que el costo vuelva a ser estructural. El descrédito del INDEC en el pasado no sólo distorsionó estadísticas: destruyó contratos, litigó deuda y expulsó al país de los sistemas internacionales de información confiable. Reconstruir esa credibilidad llevó casi una década. Por eso febrero de 2026 no es un episodio menor. Es un punto de inflexión.
Como con Vicentin, no se juzgará únicamente la decisión puntual, sino lo que revela sobre la concepción del poder: si las instituciones están al servicio de la realidad o del relato. Javier Milei prometió dinamitar viejas prácticas. Al intervenir el INDEC, no las demolió: las reeditó con otro discurso. La historia argentina es clara en este punto. Cuando los gobiernos empiezan a desconfiar de sus propios números, el problema ya no es estadístico. Es político. Y cuando la política rompe el contrato de confianza, el costo siempre termina siendo mayor que cualquier beneficio coyuntural.