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El expediente por el homicidio ocurrido el 19 de mayo de 2024 en el barrio Santa Ana II dio un paso clave esta semana: toda la prueba reunida fue formalmente admitida, lo que habilita la llegada del caso al juicio oral. La investigación tiene como imputado a Juan Carlos García, de 45 años, acusado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma, en concurso real. La audiencia fue presidida por el juez Francisco Mascarello y el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González.
La investigación reconstruye que la mañana del 19 de mayo la Policía fue desplazada hasta la plazoleta de Santa Ana II, donde encontraron a un joven de 24 años con una herida de arma de fuego en el tórax. Fue trasladado en código rojo hacia el hospital San Bernardo, pero falleció mientras era asistido.
Según consta en la causa, minutos antes la víctima y un amigo habían mantenido un intercambio con García, tras acercarse a venderle unas herramientas. Se produjo una discusión y ambos se retiraron caminando del lugar. La hipótesis fiscal sostiene que, tras ese incidente, el acusado tomó un arma de fuego, subió a su vehículo y los siguió hasta la plazoleta del barrio. Allí se habría acercado al joven, disparado a muy corta distancia y luego golpeado en el rostro con el arma, para finalmente darse a la fuga.
El acompañante pidió ayuda a viva voz y logró que una ambulancia llegara rápidamente; sin embargo, el joven no sobrevivió debido a la gravedad de la lesión.
Con la presencia de las partes y de familiares de la víctima, el juez Mascarello resolvió admitir la prueba documental, testimonial, digital y pericial que será utilizada durante el debate. Ordenó, además, remitir el expediente a la Oficina de Gestión Judicial de Juicios (OFIJU-JUI) para el sorteo del Tribunal encargado del juicio y para la fijación de la fecha.
Las pruebas
La causa llegará a juicio con los testimonios recogidos, las pruebas periciales y los informes solicitados durante la investigación, todos ellos consistentes con la hipótesis fiscal sobre cómo se desencadenó el ataque. Esos elementos serán determinantes para evaluar la responsabilidad penal del acusado durante el debate oral.