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El triple femicidio ocurrido en Buenos Aires -conocido como el caso de las tres chicas asesinadas y descuartizadas en Florencio Varela- volvió a exponer la violencia extrema contra las mujeres en Argentina. La saña con que actuaron los autores, la participación de varias personas y el intento de borrar rastros mediante la desmembración de los cuerpos generaron conmoción nacional.
En Salta, hace apenas unos años, se vivió un crimen con rasgos escalofriantes similares. Se trata del femicidio de Daniela Paola Guantay, de 22 años, ocurrido en marzo de 2017. La joven había sido denunciada como desaparecida el 4 de marzo por su madre y tres días después sus restos fueron hallados en bolsas en las márgenes del río Mojotoro, en la zona norte de la capital salteña.
Según la acusación fiscal presentada en el juicio que comenzó en febrero de 2020, Daniela fue captada en un domicilio del barrio 17 de Octubre, conocido como "la casa del Viejo Álvarez". Allí la ataron a una silla, le pusieron una bolsa en la cabeza, la interrogaron por el destino de drogas que supuestamente había mejicaneado, la golpearon, la lastimaron con objetos cortantes, la quemaron, la abusaron sexualmente y finalmente le amputaron extremidades. Luego trasladaron sus restos en un vehículo hasta la vera del río, donde los abandonaron en bolsas.
El juicio
Las audiencias del juicio, que se extendieron del 4 al 27 de febrero de 2020, dejaron al descubierto un entramado de violencia, drogas y sometimiento. La Fiscalía, a cargo de Verónica Simesen de Bielke, pidió prisión perpetua para cinco de los acusados y la declaración de responsabilidad penal de una menor. Sostuvo que en ese domicilio, administrado por Juan Reynaldo "Viejo" Álvarez, se permitía que mujeres acudieran a consumir drogas a cambio de favores sexuales y domésticos y que Daniela fue "entregada" a Carlos Alfredo "Chury" Agüero para "ajusticiarla" entre todos, acusándola de haberse quedado con sustancias estupefacientes.
En 2020, la Sala VII del Tribunal de Juicio condenó a los cinco adultos a prisión perpetua como coautores del delito de homicidio calificado por mediar violencia de género, ensañamiento y concurso de personas, agravado por la participación de una menor. A esta última se la declaró penalmente responsable. En agosto de 2024, el Tribunal de Impugnación confirmó las condenas y destacó la "inusitada atrocidad y crueldad" de la empresa criminal.
Las similitudes con el caso de Florencio Varela son evidentes: víctimas mujeres en situación de vulnerabilidad, violencia extrema y planificada, participación de varios atacantes, y uso del desmembramiento y ocultamiento de cuerpos para intentar eludir la Justicia.