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El femicidio de Natalia Cruz ocurrió el martes, pero con el paso de los días continúan surgiendo dudas y contradicciones en torno a los pedidos de ayuda que la víctima había realizado ante la Justicia y el rol que debían cumplir las fuerzas de seguridad. Mientras tanto, nada se sabe aún del paradero de Orlando Serapio, quien permanece prófugo tras el crimen.
Durante el sepelio, familiares de Natalia aclararon distintos puntos que, según sostienen, fueron confusos en las primeras horas de la investigación. Entre ellos, la existencia de una consigna policial fija que había sido otorgada por la Justicia el pasado 3 de febrero, luego de reiteradas denuncias por violencia y acoso que la mujer venía realizando desde hacía tiempo contra su expareja.
Sin embargo, el día del femicidio, el martes 17, feriado de carnaval, no había efectivos policiales en el domicilio del barrio Luz y Fuerza. Con el correr de las horas, algunas versiones apuntaron inicialmente a una supuesta falta de disposición judicial, pero el testimonio de la familia cambió el eje de la discusión: la consigna sí existía, pero no se cumplió.
En diálogo con El Tribuno, Azucena Colque, hermana de la víctima, fue contundente: “Mi hermana tenía consigna fija desde el 3 de febrero, pero ese martes no estaban los policías porque dijeron que no había personal. Denunciamos abiertamente la negligencia policial. El Estado le falló a mi hermana”, expresó.
Según relató, esa misma mañana Natalia se había presentado en la comisaría para pedir que se cumpliera la custodia, pero le informaron que no había efectivos disponibles. Estaban en la carpa bailantera al otro lado de la ruta 36, a unos 800 metros de la casa donde ocurrió el crimen.
La familia también denunció abandono por parte del sistema de salud local, al señalar que el hospital no contaba con ambulancia al momento del hecho. De acuerdo con la reconstrucción del caso, el acusado habría planificado el ataque: retiró previamente a los hijos de la pareja del domicilio y los dejó en la casa de sus padres, para luego regresar y aprovechar que Natalia se encontraba sola y dormía para cometer el femicidio.
El dolor familiar se profundizó además por demoras en la entrega del cuerpo. Desde el miércoles los allegados velaban únicamente una fotografía en la sala municipal de Campo Quijano, y recién este jueves, pasadas las tres de la tarde, pudieron despedirse de Natalia durante apenas una hora antes del traslado al cementerio Jesús Misericordioso.
“Había muchos indicios y situaciones previas. Acá hubo abandono del Estado. La negligencia policial en Campo Quijano es un desastre, no había personal ese día (martes)”, insistió Azucena.
Natalia Cruz tenía 37 años. Recientemente se había recibido de maestra, participaba activamente en la parroquia Santiago Apóstol y era una apasionada del fútbol femenino. Había formado su propio equipo, “Las Águilas”, y actualmente jugaba el torneo de fútbol 7 con el equipo del barrio San Roque. Hoy, dos hijos de 11 y 17 años quedaron sin su madre. El caso seguido de cerca por El Tribuno, desde las primeras horas de conocido el crimen expuso inconsistencias en las versiones oficiales. Con las declaraciones públicas de la familia, especialmente de su hermana Azucena, quedó planteada una fuerte denuncia por abandono y negligencia institucional que ahora deberá ser investigada.
Natalia había denunciado hostigamiento meses antes y pidió protección policial
Documentación oficial a la que accedió El Tribuno, confirma que Natalia Marilín Cruz había denunciado en noviembre de 2025 situaciones reiteradas de violencia y acoso por parte de su pareja, Orlando Serapio, varios meses antes del femicidio ocurrido en Campo Quijano.
Según la denuncia radicada ante la Policía, la mujer relató que sufría llamadas constantes, insultos, control permanente y persecución, incluso cuando asistía a actividades religiosas o intentaba realizar tareas cotidianas. También manifestó que el hostigamiento le provocaba crisis de ansiedad y problemas de salud derivados del estrés.
En su declaración, Cruz dejó constancia de que el acusado le impedía salir del domicilio y la amenazaba con denunciarla por abandono del hogar si se retiraba, situación que, según expresó, le dificultaba trabajar y llevar una vida normal.
A partir de esa presentación, la Justicia dispuso medidas de restricción el 3 de febrero, entre ellas prohibición de acercamiento y exclusión del hogar para el denunciado. Esto contradice versiones iniciales que indicaban que la protección había sido negada.