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Entre seis y siete personas mueren cada año en cárceles y alcaidías de la provincia de Salta, aunque ese número podría ser mayor. Así lo advirtió por Radio Salta, Rodrigo Sola, presidente del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, quien alertó que el registro oficial de muertes bajo custodia es "bastante incompleto" porque "no siempre se nos informa de todas las muertes".
"Cada vez que sucede una muerte -ya sea un suicidio o un homicidio- pedimos la información y activamos el registro, que incluye un análisis y recomendaciones. Pero muchas veces los fallecimientos declarados como naturales no se informan de inmediato. Nos enteramos recién a fin de año, cuando se publican las estadísticas oficiales, y ya no podemos intervenir a tiempo", explicó el funcionario.
Según Sola, desde 2022 el Comité viene reclamando la creación de un registro provincial de muertes bajo custodia, que permita conocer cuántas personas fallecen en prisión, en qué circunstancias y si hay factores estructurales detrás, como problemas de salud no atendidos, hacinamiento o violencia entre internos.
Hacinamiento y falta de condiciones de vida dignas
El titular del Comité señaló que las condiciones estructurales del sistema penitenciario son parte del problema. "Hay sobrepoblación y hacinamiento en casi todas las unidades. En la cárcel de Villa Las Rosas, por ejemplo, la sobrepoblación supera el 40%. El Estado tiene la obligación de resguardar la vida de las personas bajo su custodia, garantizar seguridad, alimentación y condiciones de salud. Con estos niveles, las condiciones de habitabilidad no son aptas para la vida humana ni para la seguridad del personal", sostuvo.
Un nuevo crimen en Villa Las Rosas
El diagnóstico de Sola se conoció tras un nuevo hecho fatal ocurrido esta semana en el penal de Villa Las Rosas, donde un interno de 28 años fue asesinado el lunes por la mañana tras ser atacado con un arma blanca dentro de su celda. Fue trasladado al hospital, pero murió horas después por un shock hipovolémico.
De acuerdo con el parte oficial del Ministerio Público Fiscal, el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, imputó de forma provisional a un hombre de 37 años como autor del delito de homicidio simple. El acusado se abstuvo de declarar y la Fiscalía solicitó su prisión preventiva.
El funcionario judicial informó que el sospechoso fue identificado a partir del relevamiento de testigos y el análisis de cámaras de seguridad del penal. Por el hecho, hay cinco internos separados y se mantienen en curso distintas medidas de investigación.
Celulares, controles y corrupción
Sola también se refirió a otras irregularidades detectadas en el sistema penitenciario, como el acceso de los internos a teléfonos celulares, cuyo uso está prohibido en la provincia. "En Salta los celulares ingresan de manera ilegal o irregular. En muy pocas excepciones se autorizan por motivos de estudio, pero en general están vinculados a casos de corrupción y habilitación por parte del personal penitenciario", señaló.
El presidente del Comité indicó que el Ejecutivo provincial informó que se están implementando nuevos sistemas de control, con escáneres y revisiones también al personal penitenciario. "Es muy difícil que los familiares los ingresen, porque los procesos de requisa son exhaustivos e invasivos. Hay que mirar hacia adentro: en muchos casos es el propio personal el que facilita estos ingresos, como se está demostrando en un juicio en curso", afirmó.
Un monitoreo limitado
El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura interviene cada vez que se produce una muerte en contexto de encierro, aunque sus investigaciones no tienen fines penales. "Lo que hacemos es constatar lo ocurrido, pedir resguardo de las cámaras y elaborar un informe. Muchas veces nos encontramos con dificultades para acceder a la información o ingresar al lugar", explicó Sola.
"Nos preocupa que las investigaciones no se archiven y que se analicen las causas de fondo. No siempre una muerte natural lo es realmente: puede estar vinculada con las condiciones de habitabilidad o con la falta de atención médica", concluyó.