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El Corredor Bioceánico de Capricornio es quizás uno de los proyectos más ambiciosos de infraestructura regional de las últimas décadas, ya que tendrá un impacto directo en la competitividad logística de Sudamérica y en su inserción estratégica en el comercio global.
La ruta Bioceánica es un corredor vial de 3.320 kilómetros de extensión que conecta el océano Atlántico con el Pacífico, atravesando Argentina, Brasil, Paraguay y Chile. Pasa por nuestra provincia en un tramo del chaco salteño, luego por la zona de Tartagal, en la ruta nacional 34, hasta Urundel. Desde allí ingresa a la provincia de Jujuy, donde sigue hasta el Paso de Jama. Salta es la otra opción, porque desde Güemes (ruta 34), pasa por la Capital y sigue por ruta nacional 51 hasta el Paso de Sico, en el límite con Chile.
El megaproyecto, firmado en la Declaración de Asunción de 2015, tiene como objetivo crear una alternativa real al Canal de Panamá. Según cálculos logísticos, la Bioceánica podría reducir hasta un 25% los costos para exportadores agrícolas como Paraguay, uno de los grandes exportadores de soja. Para Brasil, significa abrir una ventana directa a Asia sin depender de los largos trayectos hacia el norte. Para Chile, supone un relanzamiento de sus puertos del norte como plataforma logística continental. Y Salta está llamada a convertirse en un nodo logístico fundamental, con salidas e ingresos hacia los dos océanos.
Desde la perspectiva brasileña, la ministra de Planificación, Simone Tebet, destacó el potencial del Corredor Bioceánico para acelerar el desarrollo regional. "Sudamérica no alcanzará un verdadero desarrollo sin promover una integración física adecuada", aseguró. En ese sentido, subrayó que la distancia geográfica entre Brasil y Asia es menor por el Pacífico que por el Atlántico, lo que convierte al Corredor en una alternativa estratégica no solo para el comercio con China, sino también con otros mercados del sudeste asiático.
Ahora bien, mientras Paraguay, Brasil y Chile ya comenzaron a transitar los tramos finales de obras, en Argentina aún están en el papeleo inicial.
Una comitiva de Paraguay y Brasil recorrió el mes pasado el tramo que le corresponde a Argentina. La situación es lamentable, porque no hay indicios de comienzo de obras. La ruta nacional 34, en los tramos de Salta, está literalmente abandonada. La nacional 51 tiene tramos sin mantenimiento y muchos kilómetros sin pavimentarse; el río Toro hizo estragos en la última temporada de lluvias. Ahora bien, todos saben que hay una carrera entre el Paso de Sico y el de Jama. El jujeño quedó íntegramente pavimentado en 2005.
En el Chaco salteño
La ruta provincial 54 tiene complejidades diversas para solucionar. Una de ellas se reflejó en las 13 protestas de comunidades indígenas que llegaron a encontrarla cortada desde Misión La Paz hasta Aguaray. Actualmente el bloqueo de La Gracia sigue firme en el comienzo de la ruta, cerca de límite con Paraguay, donde las crecidas del río Pilcomayo añaden serios interrogantes. Es justamente en La Gracia donde está planificada la construcción de un nuevo puente que el gobierno paraguayo considera indispensable.
Allí está el bloqueo desde la semana pasada, y es donde el nuevo puente encontró oposiciones en caciques. En el mismo lugar -una zona ubicada a no menos de 2 kilómetros de Misión La Paz, con controles aduaneros, migratorios y de Gendarmería- el Pilcomayo amenaza seriamente el trazado de la ruta 54. Hoy la barranca está a menos de 20 metros de la ruta. Según sus pobladores, la primera crecida de la temporada de lluvias podría llevarse la ruta, como ya se llevó al paraje La Estrella en marzo de este año. Caciques, brujos, criollos y científicos temen que el torrente deje a Misión La Paz, con todas sus familias y oficinas de estatales, aisladas. El razonamiento es sencillo: "Si no puede solucionar la erosión del Pilcomayo en un tramos de 100 metros, menos van a solucionar los problemas de toda la ruta 54".
Falta entonces todo el trabajo de consulta a las comunidades indígenas, no sólo en el Chaco salteño, donde hay un territorio protegido por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también en la quebrada del río Toro y los Andes, donde las comunidades ya tienen fallos favorables de proyectos suspendidos en largos procesos judiciales.
Desde el Gobierno de Salta dijeron que "hay muchas gestiones que se están haciendo, pero que no se ven", y eso es verdad. Esta semana salió publicada en el Boletín Oficial la reglamentación de la ley que habilitó el financiamiento para la ruta 51, en la que -pesar de ser nacional- la Provincial se encargará de pavimentar tramos que esperan por el asfalto. Se debe ser objetivo en el dato, porque a esas obras se las vino pidiendo desde 2012 ante cuatro administraciones nacionales, incluida la actual. No importa el color político, importa la centralidad.
Son 300 los millones de dólares que la Provincia invertiría sólo en las obras de la ruta nacional 51 con fondos que vendrán del Fonplata, el Banco Mundial y el BID. Faltará aún definir obras pendientes en la ruta 54 y saber qué hará Nación con la ruta 34. Para tener una idea de la magnitud del proyecto del Corredor Bioceánico, Paraguay ya invirtió más de 700 millones de dólares en la construcción de 532 kilómetros de rutas que conectan las localidades de Carmelo Peralta (en frontera con Brasil) y Pozo Hondo (en frontera con Argentina). En ambos extremos están proyectados nuevos puentes. Paraguay espera tener concluidas todas las obras a mediados del año que viene.
El Tribuno recorrió el tramo entre Pozo Hondo y Mariscal Estigarribia, y vio el avance de las obras. Pero eso no es todo. En el último Encuentro Mundial del Gran Chaco Americano, convocado en Paraguay, con más de 300 organizaciones del segundo bioma más grande del Sudamérica, se abordaron los "impactos acumulados alrededor de la Bioceánica", con análisis y evaluaciones a largo plazo.
Falta la consulta a comunidades indígenas
Para cualquier proyecto ubicado en un territorio originario se deben realizar consultas libres, previas e informadas (CLPI) con las comunidades indígenas y planes de comunicación para mantener informada a la ciudadanía.
En uno de los adelantos de las conclusiones del Encuentro Mundial del Chaco Americano, realizado la semana pasada en Paraguay, en las mesas de "Corredor Bioceánico" aseguraron que el desarrollo de proyectos de infraestructura, en particular el corredor bioceánico, en la región requiere de una consulta previa, libre e informada real y vinculante que "incluya a todas las comunidades afectadas, en sus lenguas y con tiempos adecuados; que no se limite a compensaciones sino a planes de mitigación socioambiental, con estudios de impacto integral antes de avanzar con nuevos tramos".
Se propuso la creación de un Fondo indígena permanente financiado con un porcentaje de peajes e impuestos del Corredor Bioceánico para programas comunitarios (educación, salud, agua y proyectos productivos).
Para reducir los impactos negativos, las comunidades demandan atención frente a riesgos como el tráfico ilegal, así como estrategias de prevención de violencias con programas específicos contra trata de personas con fines de explotación laboral o sexual. Se propuso "un pacto trinacional de comunidades afectadas: articulación entre pueblos indígenas, organizaciones sociales y municipios de Argentina, Paraguay y Bolivia. También se debe garantizar que los actores locales sean parte de la gobernanza del corredor y no solo beneficiarios secundarios".
Desde algunos sectores califican a esa posición como "tibia" y exigen planteos de defensa de los pueblos indígenas más firmes ante los Estados.
Y es que en el medio hay un caso que es necesario escribir. En el corazón del Chaco americano está el pueblo Ayoreo, que son grupos en aislamiento, también conocidos como "no contactados", entre los que se cuentan a los Totobiegosode, habitantes originarios del monte en donde ahora se ubica Paraguay y parte de Bolivia.
Los Totobiegosode son el último grupo indígena que vive en aislamiento voluntario en el Alto Chaco paraguayo. Son parte del pueblo Ayoreo, y reconocidos por su profundo conocimiento del bosque. Viven en contacto con el mundo exterior desde 1969, pero mantienen en sus territorios ancestrales a miembros que evitan la interacción. Son pueblos vulnerables y se enfrentan a amenazas constantes de deforestación por la expansión ganadera en su territorio, y ahora por la traza del nuevo "Corredor Bioceánico".
Se menciona, se nombra, se advierte porque en el lado del Chaco salteño hay pueblos que también quedarán en una situación más vulnerable de la actual y porque aún no se comenzó a hablar ni siquiera de la consulta libre, previa e informada, que es un requisito indispensable para todo financiamiento externo.
El aporte territorial
Brasil aporta el mayor porcentaje de territorio al eje. Participa con más del 35% de su superficie.
El aporte territorial de Argentina también es cercano al 35%. Las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán son nodos logísticos clave.
Paraguay compromete el 100% de su territorio, lo que representa un 15% de su superficie dentro del Corredor.
Chile participa con aproximadamente el 12% de su superficie.
El área de influencia del Corredor Bioceánico de Capricornio abarca 2.722.534 kilómetros cuadrado, que equivalen al 15,3% de la superficie del continente sudamericano. En términos demográficos, el área de influencia tiene 53.509.280 habitantes, lo que representa un 13,2% de la población de América del Sur. Se estima que por el Corredor circularán, en ambos sentidos, unos 600 camiones diarios. Hoy son 2.000 camiones mensuales.