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Ante la caída de una narcoavioneta en Rosario de la Frontera, se reavivó en Salta el reclamo de una amplia radarización en la frontera Norte y la sanción de una "Ley de derribo". Es decir, la creación de un sistema para que aviones militares o de fuerzas de seguridad, con poder de fuego puedan seguir, obligar a aterrizar y, eventualmente, derribar aviones sospechosos que no acaten la orden.
La realidad es mucho más compleja. La idea de "guerra al narcotráfico" suena espectacular, pero no ha tenido éxito en ninguna latitud. El crimen organizado no es una fuerza militar, sino una asociación poderosa, que mueve cifras multimillonarias y cuenta con los recursos para mimetizarse y encontrar socios entre funcionarios, financistas y profesionales, que le garanticen la impunidad y el lavado del dinero ilícito.
La frontera norte de nuestro país es sumamente permeable. Las principales vías de ingreso de drogas en Argentina son Misiones, Formosa, Salta, Jujuy y Corrientes, donde se combinan pasos fluviales, terrestres y zonas de escaso control estatal. La Triple Frontera, entre Argentina, Paraguay y Brasil es uno de los focos más preocupantes por la instalación del crimen organizado internacional.
Los vuelos clandestinos son recursos complementarios, pero los itinerarios más frecuentes son los traslados terrestres, bajo diversas formas, y las vías fluviales.
En nuestra provincia, los crímenes vinculados a la droga se han multiplicado. Las venganzas entre bandas de menudeo ejecutadas por sicarios son frecuentes y, detrás de ellas, hay criminales de mayor jerarquía, aunque todos están vinculados a narcotraficantes trasnacionales. La imputación y procesamiento de varios jueces, intendentes y concejales son una pequeña muestra de la tarea a encarar frente al crimen organizado.
La radarización y, eventualmente, el rastreo satelital, lo mismo que la inteligencia militar, pueden contribuir, siempre y cuando las fuerzas policiales provinciales y las nacionales asignen a la investigación a hombres formados profesionalmente, discretos y confiables que ejerzan un imprescindible control territorial.
La experiencia salteña indica que el desempleo y los subsidios del Estado para jóvenes sin horizontes garantizan al crimen organizado una tropa de mini narcotraficantes, capaces de atravesar en motocicleta, bicicleta o a pie, las áreas rurales de frontera para entregar paquetes con droga a sus jefes. Estos, a su vez, ramifican la distribución entre traficantes locales o exportadores.
La "ley de derribo" resuena con cierta espectacularidad. En caso de ser sancionada, debería especificar cuáles serán las fuerzas autorizadas a aplicarla y cómo se distribuirían en la región. De todos modos, nada es mágico. En los últimos dos años, la estrategia combinada del gobierno santafesino y el ministerio de Seguridad de la Nación permitió frenar drásticamente las guerras entre bandas distribuidoras. El secreto, detener a los cabecillas, investigar a los magistrados y retirar a los jefes narco los celulares y teléfonos de línea. No es suficiente ni definitivo, pero sí un camino efectivo. Los países limítrofes productores de cocaína, por las razones que fueren, no van a dejar de producirla.
Durante los últimos quince años el país careció de un plan federal de seguridad que involucre a los gobiernos de las provincias fronterizas. Eso es lo urgente. En ese contexto, la radarización y la ley de derribo pueden ser efectivas y viables.
Pero el verdadero camino de largo plazo es mucho más difícil, aunque imprescindible. En primer término, que la provincia recupere la presencia territorial del estado en toda su superficie. Una forma de hacerlo es, entre otras acciones, la inclusión de las áreas rurales en un proyecto de desarrollo, con fuentes de trabajo genuinas y necesidades básicas satisfechas. Y, por supuesto, optimizar los mecanismos de control para impedir que funcionarios, legisladores e intendentes trabajen desde el Estado a favor del crimen organizado.