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10 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
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Analizan denunciar al juez Batule ante el Consejo de la Magistratura por fallo a favor del narco “Coya” Rojas

El Ministerio de Seguridad y la Fiscalía Federal de Salta cuestionaron duramente la resolución que flexibiliza el régimen de aislamiento del capo narco condenado a perpetua. 
Jueves, 07 de agosto de 2025 08:55
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Un fallo judicial que benefició al narcotraficante y homicida Raúl Ricardo “Coya” Rojas generó una fuerte reacción institucional. El juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta, Domingo José Batule, declaró inconstitucional el régimen de aislamiento al que estaba sometido el detenido en el penal de Ezeiza. El Ministerio de Seguridad de la Nación anunció que apelará la medida y la Fiscalía Federal de Salta evalúa presentar una denuncia contra el magistrado ante el Consejo de la Magistratura.

La decisión de Batule habilita a Rojas —condenado a prisión perpetua por múltiples delitos graves— a salir de su celda durante ocho horas diarias, recibir visitas con contacto físico, acceder a asistencia psicológica, educación, trabajo y tener comunicación fluida con su abogado.

Desde el entorno judicial, el fiscal federal Carlos Amad confirmó que ya prepara un recurso de casación para revertir la resolución y advirtió que se analiza también el camino disciplinario. “Estamos trabajando en un duro recurso y además evaluamos la posibilidad de denunciar al juez ante el Consejo de la Magistratura”, declaró Amad al diario El Tribuno.

El Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich, también reaccionó con dureza. En un comunicado oficial, ayer sostuvo que el fallo “socava los esfuerzos por desarticular estructuras criminales” y denunció que podría permitir a Rojas volver a operar desde la cárcel, como ya lo hizo en el pasado mientras estaba detenido en la cárcel de General Güemes.

En sus redes sociales, Bullrich escribió: “Podemos desarticular bandas, blindar fronteras y encerrar a los narcos más peligrosos. Pero con que un solo juez sea pro delincuentes, alcanza para tirar todo abajo”.

La ministra denunció que el fallo otorga beneficios por fuera del régimen previsto para presos de alto riesgo y cuestionó que no se haya tenido en cuenta el prontuario de Rojas ni el riesgo institucional que implicaría la flexibilización de su detención.

Fundamentos del fallo

En su resolución, el juez Batule argumentó que el régimen de aislamiento de 20 horas diarias que se aplica a Rojas vulnera derechos fundamentales. Citó las Reglas Mandela de las Naciones Unidas y los informes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, y sostuvo que la medida constituye un trato cruel e inhumano.

El magistrado ordenó mantener a Rojas en Ezeiza, pero adaptando las condiciones de detención a “estándares constitucionales”. Aseguró que el aislamiento prolongado afecta la salud mental del detenido, su vínculo con la familia y su derecho a la defensa.

La defensa del narco había planteado que desde su traslado a Ezeiza no pudo concretar su casamiento, no ve a sus hijos y no mantiene contacto adecuado con su abogado. El juez consideró válidos esos argumentos, a pesar de los antecedentes judiciales de Rojas, que incluyen homicidio calificado, tentativa de homicidio, contrabando agravado y liderazgo de una organización narcocriminal.

Antecedentes y reacciones

No es la primera vez que se rechaza el planteo presentado por la defensa de Rojas. Según explicó el fiscal Amad, tanto la jueza Gabriela Catalano como la Cámara Federal de Apelaciones ya habían desestimado previamente una solicitud similar. Esta vez, sin embargo, Batule hizo lugar al pedido.

El Ministerio de Seguridad alertó que decisiones de este tipo “debilitan la seguridad de los argentinos” y reiteró su compromiso para revertir la medida. La Fiscalía, por su parte, anticipó que llevará el caso a las instancias superiores y estudia formalizar una denuncia ante el órgano que evalúa la conducta y desempeño de los magistrados.

Próximos pasos

Mientras el fallo sigue vigente, las autoridades federales trabajan en la presentación de los recursos judiciales y en la estrategia institucional para plantear la supuesta inconducta de Batule ante el Consejo de la Magistratura. El caso reabrió el debate sobre los límites del garantismo judicial frente a delitos complejos como el narcotráfico y el crimen organizado.

Otra decisión polémica del juez Batule

La Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), integrada por los jueces Daniel Antonio Petrone (presidente), Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, revocó en octubre de 2024 las absoluciones dictadas por el Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 de Salta en favor de los exdirectores de las delegaciones locales de PAMI y de la Administración Nacional e Seguridad Social (ANSES), Verónica Molina y Fabio Marcos Jesús Vera Ramírez, respectivamente.

Los exfuncionarios fueron juzgados entre el 22 de febrero y el 30 de mayo de 2024 por el TOF N°2, conformado por los jueces Domingo Batule (presidente), Gabriela Catalano y Abelardo Basbus, quienes resolvieron, de manera unánime, la absolución de los mismos, como así también de los empleados del PAMI Diego Albornoz y Gustavo Gerónimo, y de Fernando Ruarte, exconcejal del Partido de la Victoria, juzgados en el mismo debate.

La acusación principal giraba en torno al pago ilegal de aportes por parte de jefes de agencias del PAMI hacia la organización política de La Cámpora. Y, en menor medida, el desvío, con fines políticos, de cientos de electrodomésticos que habían sido donados a ese organismo para ser entregados a jubilados.

El titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, el fiscal Ricardo Toranzos, fue quien llevó adelante el caso desde su inicio hasta el juicio e incluso presentó la impugnación para revertir la sentencia dictada, lo que fue respaldado ante la CFCP por el fiscal general Mario Villar.s delitos de concusión y peculado.

 

 

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