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Los incendios forestales que en enero afectaron a todas las provincias de la Patagonia ya consumieron más de 230.000 hectáreas de bosques y pastizales.
Este tipo de fenómenos se ha intensificado en los últimos 25 años, en Argentina y en el mundo. El problema se agudiza porque cada vez se hace más difícil combatirlos. La sequedad de los suelos, producto de la disminución de las lluvias y de las oleadas de calor en regiones donde no eran habituales, facilitan el avance del fuego y dificultan la tarea de bomberos y rescatistas.
En este primer mes del año, la más afectada fue la provincia de Chubut, donde se registraron emisiones de calor sin precedentes en los últimos 20 años, según el monitoreo ambiental de la Unión Europea. En el emblemático Parque Nacional Los Alerces y otras áreas protegidas, el fuego arrasó 45.000 hectáreas de bosques milenarios.
Esta amenaza ambiental obliga a que el Estado, cualquiera sea su gobierno, desarrolle un sistema preventivo realista y eficaz, porque el problema se reitera año tras año, cada vez con mayor intensidad, y no se limita a la Patagonia.
En 2015, el fuego arrasó 1.300.000 hectáreas de campos y bosques en Córdoba.
En 2020, los incendios forestales afectaron a Salta y Jujuy —donde llegaron al Parque Nacional Calilegua— y a Santiago del Estero, donde arrasaron el Parque Nacional Copo. En total, se estima que ese año se quemaron 900.000 hectáreas en 13 provincias del norte y del litoral. Entre 2019 y 2022, el fuego arrasó 126.000 hectáreas en Salta.
Los catastróficos incendios de Corrientes durante 2022 consumieron más de 1.000.000 de hectáreas. El fuego avanzó sobre campos, montes y humedales, y destruyó gran parte del Parque Nacional Esteros del Iberá.
En todos los casos, la infraestructura disponible en el país pareció insuficiente. Frente al poder de los elementos, si el incendio no se previene o no se detecta de inmediato, el fuego avanza en forma exponencial. El calor va secando la flora a medida que avanza y, rápidamente, las posibilidades de acción humana se limitan a poner barreras para evitar que afecte a las viviendas próximas al bosque en llamas y a explorar todos los puntos donde todavía se puede establecer un límite.
Pero el Estado debe hacerse cargo y disponer el presupuesto necesario para la permanente formación profesional de los bomberos y guardaparques, el mantenimiento en óptimas condiciones de los móviles, los motores de bombeo y las herramientas disponibles, y la generación de sistemas de detección inmediata.
Sin embargo, todos los estudios técnicos indican que más del 90 % de los incendios se produce por acción humana. En los incendios de Chubut se detectaron, por lo menos, 19 focos ígneos provocados por transeúntes o turistas que encienden fuego para cocinar o divertirse, eventualmente como una forma de sabotaje y, en algunas ocasiones, para avanzar sobre áreas de cultivo. Si el fuego no se apaga completamente o se sale de control, luego el bosque entero se convierte en una brasa.
Por eso es tan importante la tarea preventiva, que requiere, además de guardaparques y policías, sistemas de monitoreo con drones, helicópteros o tecnología satelital.
De nada sirve inventar culpables una vez que el daño está hecho, porque ese daño puede ser irreparable. Si el fuego carboniza el tronco, las raíces y las semillas, y si los suelos permanecen resecos por falta de lluvias, muchos bosques, especialmente los andinos, pueden perderse para siempre.
Las tareas de prevención son una forma de garantizar la seguridad de las personas que habitan las regiones afectadas, de preservar el patrimonio natural del país y de proteger los paisajes.
Es una tarea difícil y con pocas posibilidades de marketing político, pero prevenir las catástrofes y preparar al máximo los recursos para enfrentarlas es una obligación indelegable de los gobernantes.