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La creación de una caja de previsión destinada a profesionales como nutricionistas y trabajadores sociales desató una fuerte controversia y encendió el malestar en el sector. Lo que en principio fue presentado como un beneficio a futuro una mejor jubilación hoy es señalado por numerosas colegas como una carga económica imposible de afrontar.
Según relataron, la caja previsional se impulsó inicialmente para varias profesiones, entre ellas trabajo social, nutrición, educación física y psicopedagogía. Sin embargo, con el tiempo, solo quedaron incluidas nutricionistas y trabajadoras sociales. “Se fue avanzando de manera muy rápida”, advirtieron, y remarcaron que el proceso contó con la aprobación de los colegios profesionales, pero sin una adecuada difusión ni consulta amplia a las bases.
De “no obligatoria” a deuda millonaria
Uno de los puntos más cuestionados es que, en un comienzo, se les informó que el aporte no sería obligatorio. “Muchas no profundizamos en el tema porque nos dijeron que no era obligatorio, pensamos que no iba a avanzar”, explicaron.
Sin embargo, meses después la situación cambió drásticamente. “Nos enteramos por Instagram que la caja ya estaba creada. Eso fue en marzo del año pasado y ya debíamos desde febrero, con cuotas de 100.000 pesos”, detallaron.
Actualmente, aseguran que muchas profesionales acumulan deudas que superan el 1.200.000 pesos, producto de la falta de pago y los intereses.
Ingresos bajos y aportes imposibles
La problemática impacta con mayor fuerza en quienes trabajan de manera independiente o con ingresos inestables.
“En mi caso, no llego ni siquiera al salario mínimo. De lo que gano, el 50% ya se va en monotributo, consultorio, colegio profesional y otros gastos. ¿Con qué herramientas puedo pagar la caja?”, planteó Belén Cabrera, nutricionista autoconvocada.
También señalaron que no se realizó un estudio real sobre la capacidad de pago del sector. “El único criterio que se tuvo en cuenta fue el legal, y no hubo ningún análisis económico que contemple la realidad de los profesionales”, indicaron.
Desigualdades y bajas en la matrícula
Otro de los puntos críticos es la desigualdad en la aplicación del sistema. Mientras algunos profesionales quedan exentos como quienes están en determinados cargos en relación de dependencia o en docencia otros deben afrontar la totalidad del aporte.
El impacto ya se refleja en la matrícula profesional. “Hay muchas colegas que se están dando de baja todos los meses. Después de tanto esfuerzo por estudiar, terminan dejando la profesión porque no pueden sostener los costos”, lamentaron.
También advirtieron sobre casos de personas que comienzan la carrera en edad adulta y, tras más de diez años de formación, se reciben cerca de los 40 años y deben afrontar inmediatamente aportes elevados.
Intimaciones y miedo a embargos
La situación se agrava con las intimaciones de pago. Según denunciaron, se enviaron notificaciones con advertencias de embargo de sueldos y bienes.
“Hay colegas que están poniendo sus bienes a resguardo para evitar embargos. Es muy angustiante”, afirmaron.
El temor a las consecuencias legales también genera preocupación y condiciona las decisiones de muchos profesionales.
Sin respuestas y con reclamo colectivo
Frente a este escenario, más de 340 profesionales impulsaron una mediación legal para solicitar facilidades de pago o algún tipo de plan que contemple su situación económica. Sin embargo, aseguran que no obtuvieron respuestas favorables.
En paralelo, más de 400 firmaron un petitorio dirigido a legisladores para exigir modificaciones en la normativa.
“Hay colegas que pagaron algunas cuotas por miedo al embargo, pero eso tampoco garantiza que no les ejecuten medidas. Estamos obligados a pagar y no tenemos otra opción”, sostuvieron.
Además, señalaron que existe temor entre algunos profesionales a manifestarse públicamente: “Muchos no firman por miedo a represalias, no porque no estén en desacuerdo”.
Una jubilación que genera dudas
Si bien la caja fue pensada como una herramienta para garantizar una mejor jubilación, las profesionales cuestionan su viabilidad.
“Los primeros cinco o seis años son recaudatorios, y quienes se jubilen no van a recibir el 100% de lo aportado”, explicaron.
También advirtieron que, con la baja cantidad de nuevos profesionales y el aumento de quienes abandonan la matrícula, el sistema podría no ser sostenible a largo plazo.
Convocatoria a movilización
Ante la falta de respuestas, decidieron avanzar con una movilización que se realizará el próximo domingo.
Buscan visibilizar el conflicto y lograr que los legisladores escuchen sus reclamos. “Estamos tratando de convocar a la mayor cantidad de colegas posible. Muchos trabajan en el interior y no pueden venir, pero representan a cientos más que están en la misma situación”, explicaron.
La protesta será el punto de partida de una serie de acciones con las que esperan abrir el diálogo y revisar una medida que, lejos de brindar seguridad previsional, hoy según denuncian pone en riesgo su presente laboral y económico.