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Agilizan trámites por terrenos comprados hace más de 25 años

Se trata de exempleados de YPF, quienes a través de la mutual Vespucio adquirieron un predio de 13 hectáreas.
Lunes, 12 de febrero de 2018 00:00

Exempleados de YPF se encuentran agilizando las trámites para que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) concrete la entrega de los lotes que adquirieron a través de la Exasociación Mutual filial Vespucio en 1990. Se trata de un histórico reclamo que vienen realizando en el ámbito judicial.

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Exempleados de YPF se encuentran agilizando las trámites para que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) concrete la entrega de los lotes que adquirieron a través de la Exasociación Mutual filial Vespucio en 1990. Se trata de un histórico reclamo que vienen realizando en el ámbito judicial.

El caso se encuentra en la órbita del Juzgado Nacional en lo Civil N§ 37 de la Ciudad de Buenos Aires, quien a partir de 1999 se hizo cargo del proceso de liquidación de todas las asociaciones mutuales del personal de Yacimiento Petrolíferos Fiscales que funcionaban en el país. La filial Vespucio adquirió un predio de 13 hectáreas en la zona este de la capital salteña para la construcción de 500 viviendas. El proyecto se frustró a raíz de la privatización de la empresa estatal durante la gestión del presidente Menem. "El problema se generó por el desmantelamiento de la filial Vespucio ya que por decisión del gobierno de entonces todos sus activos quedaron bajo la órbita del Inaes", explicó la abogada Juana Santucho Giménez, quien asesora a la mitad de las familias que completaron el pago de su terreno. Indicó que "luego del despido de los trabajadores ypefianos, los que adquirieron los lotes quedaron en total desamparo, ya que todo el manejo de la filial Vespucio pasó a depender del Inaes en Buenos Aires. "El hecho de quedarse sin trabajo y al no contar con ningún asesoramiento jurídico dejaron pasar el tiempo hasta que en 2013 me interesé en el tema por pedido de la esposa de un señor que estaba en esta situación", comentó.

Según Santucho, son 350 los exempleados que cumplieron con el pago total de las cuotas, de los cuales la mitad cuentan con su asesoramiento. "Realicé varios viajes a Buenos Aires para movilizar los papeles, me reuní con el juez de la causa y estimo que en el curso de este año habrá una resolución favorable", dijo. Y agregó: "El dictamen va a salir para las personas que realizaron el trámite y por eso yo insto a los demás interesados a que hagan las gestiones a través de sus abogados porque de lo contrario corren el riesgo de que los lotes que compraron queden para el Estado". En ese sentido sostuvo que "sería un pena que pierdan lo que con tanto esfuerzo les costó adquirir". Según la letrada, el predio de marras está en proceso de liquidación. "El tema es que si nadie hace el reclamo como corresponde, el juez está facultado para proceder en ese sentido y por eso urge la necesidad de que hagan la presentación en el juzgado que entiende en la causa", afirmó.

Santucho refirió que hay personas que se están aprovechando de esta situación brindando un mal asesoramiento a los interesados. "No estoy pidiendo que esas familias se asesoren conmigo porque cada uno es dueño de elegir el abogado que quiera. Lo importante es que hagan el trámite para que no corran el riesgo de quedarse con las manos vacías", concluyó.

Un duro golpe
Las privatizaciones de la actividad petrolera que ocurrió durante el gobierno de Carlos Menem, en la década del 90, dejó pueblo fantasmas, y muchos de ellos están en el norte de Salta. 
Un claro ejemplo es Vespucio. Este pueblo vivía justamente por la actividad petrolera y una vez que se despidió a muchas personas que se dedicaban a estas tareas, se perdieron fuentes de ingresos y, por ende, se rompió la cadena de pagos y consumo.
Además de la crisis social y económica que significaron las privatizaciones para el norte de Salta, hasta la actualidad son muchos los trabajadores que no pudieron cobrar aún el pleno de su propiedad participada, pese a que hay distintas normas nacionales que así lo marcan. Y este problema que hay con las 13 hectáreas compradas por la mutual de los ypefianos marca un poco el daño que vivió el norte con esta decisión     política. 
 

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