Obras y servicios por $400  millones quedaron truncos sin previo aviso

Para la comunidad del paraje Las Mesadas, en la Quebrada del Toro, una inversión estatal de tres millones de pesos no es lo mismo que lo que puede significar el mismo monto para una obra en Capital Federal, donde sería una cantidad insignificante. En lo relativo de ese ejemplo quedarán postergadas significativas mejoras en la calidad de vida de los habitantes de la pequeña localidad salteña, donde la construcción de un puesto sanitario, por $3 millones, se verá truncada por una decisión intempestiva y unilateral del Gobierno nacional.

A través de un decreto del Ministerio de Hacienda de Nación se determinó eliminar el Fondo Federal Solidario (FFS), con el cual la Provincia había proyectado para este año no solo la obra de la salita de Las Mesadas sino otras 146 en diferentes puntos de Salta, con un presupuesto de $474 millones previstos con la ya anulada transferencia de recursos por la exportación de soja.

Otros $474 millones se habían establecido para repartir a los 60 municipios, que también tenían presupuestados proyectos de obras y servicios con ese dinero.

Hasta el lunes pasado, según los registros de Hacienda nacional a los que accedió este diario, se transfirieron del FFS a la Provincia y las comunas cerca de $600 millones. Los restantes $400 millones que se esperaban hasta fin de año quedarán en las arcas de la Nación.

"Lo más preocupante de todo esto es que no se puede a mitad del mes de agosto sacar un decreto de necesidad y urgencia (DNU) con vigencia a 2018. Es un disparate. Los 400 millones de pesos que no se entregarán a Salta son obras que ya están iniciadas o contratadas que quedan colgadas", explicó a El Tribuno el ministro de Economía de la Provincia, Emiliano Estrada. Comparó la decisión de Nación con la nefasta resolución 125, con la que el gobierno de Cristina Kirchner quería aumentar las retenciones a la producción de soja. "En esa oportunidad quisieron cambiar las reglas del juego a los productores en medio de la cosecha, con el reciente decreto ocurre algo similar", sostuvo el funcionario provincial.

A fines del mes pasado, Estrada asistió a la Casa Rosada junto a sus pares de otras provincias, con el fin de iniciar una negociación para determinar con el Gobierno central cómo aplicar un ajuste de gastos de $100.000 millones para 2019 en los 24 distritos del país y, de esa manera, cumplir con una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En la mesa se habían puesto en consideración un recorte en el fondo de la soja y en otras transferencias, como el incentivo docente, pero recién desde el año próximo. Sin embargo, la tijera llegó antes y de la peor manera.

En Pampa y la vía

La comisión directiva del Foro de Intendentes de Salta decidió convocar a una reunión para el viernes a los jefes comunales y legisladores nacionales para tratar la eliminación del Fondo Federal Solidario. En diálogo con este medio, el presidente del Foro, Mario Cuenca, sostuvo que la situación es en "extremo crítica".

"Los recursos de la soja nos eran de gran utilidad para los municipios, porque nos llegaban todos los meses y podíamos concretar obras y comprar maquinarias. Además, el Gobierno provincial nos había elevado los fondos a un 50% de las transferencias que llegaban desde Nación", dijo el intendente de Campo Santo.

Sobre la expectativas de la reunión del viernes con los diputados y senadores, dijo: "No sé qué causa común pueden hacer los legisladores, pero creo que de una vez por todas tienen que ponerse el pantalón y no dejar que sigan recortando fondos a la Provincia de Salta, sino esto es cada vez es peor. La Nación no acierta las medidas económicas y quieren hacernos pagar el ajuste a todos nosotros".

Se cortó la canilla

Con el decreto provincial de 2009 que habilitaba la transferencia de recursos del Fondo Federal Solidario a Salta, el gobernador Juan Manuel Urtubey también había dispuesto aumentar la coparticipación de ese programa nacional a los municipios locales.

El mecanismo original del fondo por las retenciones a la soja establecía que el 70% del dinero que ingresaba a la Provincia en ese concepto iba a parar a las arcas del Estado salteño, mientras que el 30% restante se distribuía en las cuentas bancarias de las comunas.
Sin embargo, el gobernador decidió derivar otro 20% a los intendentes para que contaran con un total del 50% de los recursos sojeros y pudieran hacer algo más, no mucho, en sus localidades, en lugar de solo pagar los sueldos de sus empleados públicos.
 

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