Estafas en la ADP: piden remover a toda la Comisión Directiva

En esta entelequia que resulta la llamada "nueva normalidad" aparecieron también los y las docentes con sus protestas presenciales. Hoy, un sector político de la Asociación Docente Provincial, se concentró frente la sede sindical de Juramento 99, en la ciudad Capital, con carteles, consignas y profesores estafados.

Tribuna Docente llegó a las 11 con carteles que acusan a la exsecretaria general de la ADP, Patricia Argañaraz, y a su tesorera, Marita Cerezo, por "estafas" a los afiliados y al sindicato.

Se debe decir que en un proceso calificado por muchos de "irregular" apartaron la titular de la ADP por una grave causa de "estafas" y "títulos truchos" y quedó completa la Comisión Directiva. Desde el ala docente del Partido Obrero no pueden entender cómo Argañaraz sola cometió los supuestos ilícitos sin que la Comisión Directiva esté al tanto de todos los movimientos. De todos los cargos, la tesorera, Marita Cerezo, está en la mira desde todos los ángulos; no podría haber habido estafa alguna sin su firma.

"El pedido concreto es que se convoque a una asamblea extraordinaria para sacar también a la Comisión Directiva completa. Invocamos el artículo 30 de la ADP en donde dice que sólo mediante una asamblea extraordinaria se puede separar a la Comisión Directiva si no cumple con su función de realizar su trabajo en favor de los afiliados y de la institución. Y esta CD fue cómplice de la estafa en el fideicomiso Virgen de Urkupiña. Se tiene que convocar la asamblea ahora y comenzar el proceso para elegir a la Junta Normalizadora para que se convoque a elecciones en un plazo de 90 días", dijo Carmen Venencia.

"También nos negamos rotundamente a la intervención sindical porque es probable que se mantenga la estructura de poder para seguir utilizando el capital sindical para beneficio de unos pocos", concluyó Venencia.

También estuvo en la protesta presencial, Adriana Mamaní, quien acusa al CD por "estafas" en el loteo Virgen de Urkupiña. Es un caso puntual de los 120 afiliados que se quedaron con la ilusión y sin el dinero.

 "Yo tuve que vender hasta el tobogán de mis hijos para juntar la plata para entrar al terreno. Yo tengo todos los papeles firmados, ordenados y dispuestos en la Justicia en donde dice claramente que yo pague 145 mil pesos en el año 2017 por el lote 4 de la manzana 318 del loteo Aires de los Andes, en el km 18 de la ruta nacional 51. Ahora me entero que los andan vendiendo nuevamente a esos terrenos por internet. A mí estos sinvergüenza me hicieron ellos vender mi auto a menor precio para llegar con el dinero. Vendí el lavarropas, la heladera y los juegos de jardín de los chicos", dijo Mamaní que es profesora de Nivel Medio. 

Y lo cierto es que si coinciden el lote de la supuesta estafa de la ADP con los avisos de ventas sería todo muy bochornoso. En los avisos venden los lotes hoy a 1.500.000 pesos, es decir a un valor 10 veces más alto de lo que pagó Adriana en 2017.

Adriana Mamaní

 

El camino de la causa judicial

La primera denuncia ingresa a la Justicia en un caluroso diciembre de 2018 de la mano de la gente de Tribuna Docente por supuestas estafas a los afiliados de la ADP en el loteo Aires de los Andes.

En octubre de este año, el fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, imputó provisionalmente a Patricia Del Valle Argañaraz y Ana María Cerezo por los delitos de administración fraudulenta y estafas reiteradas (22 hechos), en concurso real y en calidad de coautoras. También fueron imputados por los delitos de estafas reiteradas (22 hechos) y de administración fraudulenta, pero en calidad de partícipes necesarios, Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi.

Patricia Del Valle Argañaraz y Ana María Cerezo

El fiscal Flores verificó, prima facie, que las imputadas Argañaraz y Cerezo, en su condición de Secretaria General y Tesorera de de la Asociación Docente Provincial Salta, respectivamente, tenían a su cargo la conducción y administración del gremio pero al mismo tiempo, ejercían como fiduciarias del “Fideicomiso de Administración al costo “Virgen De Urkupiña I”. Por su parte, Raúl Dante Argañaraz hermano de la primera nombrada- era fiduciario sustituto en la entidad y, luego, fiduciario. Mientras que Nicolás Demetrio Zissi, actuaba como asesor y encargado del Fideicomiso dentro del gremio, era mandatario con poder especial y estaba autorizado para operar con las cuentas bancarias de la entidad.

Además, la ex Secretaria General realizó gestiones dirigidas a lograr la transferencia de un inmueble de propiedad de la ADP hacia el fideicomiso privado denominado Fideicomiso de Administración al costo “Virgen De Urkupiña I”, sin abonar suma alguna.

El fiscal imputó a Argañaraz y Cerezo como coautoras, “porque en connivencia dolosa y con el propósito de obtener un beneficio patrimonial ilegítimo, procedieron a dar apariencia de legalidad al negocio jurídico Fideicomiso de Administración al costo “Virgen De Urkupiña I”, a pesar de conocer la inviabilidad legal y económica del proyecto; vinculando su realización a la asociación gremial en la que ejercían funciones y publicitándolo entre los asociados, con el fin de que se adhirieran personas en calidad de fiduciantes. Les prometieron que por medio de un desembolso inicial de dinero y luego abonando cuotas, accederían a una vivienda en alguno de los loteos que se efectuarían en inmuebles claramente individualizados (loteo denominado Aires de los Andes y un inmueble de Cerrillos); sin haber adquirido a la fecha este último perteneciente a la ADP.

Ante los reclamos y pedidos de rendición de cuentas de los damnificados, ni Patricia Argañaraz ni Ana María Cerezo y tampoco Raúl Dante Argañaraz, dieron cuenta de su actuar, ni del manejo, administración o disposición de fondos. Tampoco presentaron el estado contable financiero del Fideicomiso, aunque estaban obligados en función del cargo que revestían

Consta también que Raúl Argañaraz convocó en 2017 a personas afiliadas a la ADP y ofreció un plan de vivienda para quien quisiera adherirse voluntariamente. Es decir, en razón de la solvencia y el prestigio de la institución (ADP) y simulando que la entidad avalaba el negocio jurídico por ellos armado, indujo a las víctimas a efectuar disposiciones de dinero con un desplazamiento patrimonial que de otra manera no hubieran efectuado.

Con ese accionar, Patricia Argañaraz, Ana María Cerezo y Raúl Dante Argañaraz, causaron un grave daño y perjuicio en el patrimonio de las víctimas.

El fiscal Leandro Flores no descartó una eventual ampliación de la imputación, en orden al análisis de los contenidos de la denuncia, las declaraciones testimoniales y de otros elementos que puedan sumarse durante la investigación.

Lo que viene

Por otro lado también está la denuncia de "títulos truchos", que en términos jurídicos se habla de "adulteración de títulos y falsificación de tirillas de puntaje". En febrero de 2019, el profesor de Educación Artística, Julio Barrios, reconoció haber pagado a Argañaraz 60.000 pesos para obtener un cargo y aseguró que, a través de Patricia Argañaraz, se vendieron entre cuatro mil y cinco mil títulos docentes truchos, negocio con el que habría recaudado una suma millonaria de dinero. “Patricia Argañaraz escaneaba los títulos y era un negocio millonario”, aseguró en ese momento y la causa, que podría incluir a miembros de la Junta de Calificaciones y Méritos, y a funcionarios del Ministerio de Educación de la administración Urtubey. Esa causa ya está siendo tramitada en la Justicia y los fiscales están en investigando por más pruebas de un negocio ilegal que según los denunciantes se vendían y se compraban títulos, cargos y horas de una manera escandalosa que en su momento, la entonces titular de la cartera educativa, Analía Berruezo, tuvo que salir a desmentir las acusaciones sobre los 5 mil títulos truchos. Ahora sólo queda esperar el camino lento, pero seguro de la Justicia.

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