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Concejales denunciados: Escándalo por privación ilegítima de la libertad

La jefa de Rentas municipal denunció por agresiones a los hermanos Galleguillos y por dejarla encerrada en el recinto en medio de una exposición.
Jueves, 02 de julio de 2020 02:05

Las derivaciones políticas y judiciales del escándalo suscitado la semana pasada en el Concejo Deliberante de Rosario de Lerma, donde el bochorno imperó por encima de la cordura, son insospechables.

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Las derivaciones políticas y judiciales del escándalo suscitado la semana pasada en el Concejo Deliberante de Rosario de Lerma, donde el bochorno imperó por encima de la cordura, son insospechables.

La contadora Liliana Pistán, responsable del área de Rentas municipal, terminó por denunciar a los concejales Griselda y Guillermo Galleguillos por violencia de género, violencia institucional y privación ilegítima de la libertad. También denunció a la FM Argentina local, por injurias contra su persona.

Por otro lado, desde el Concejo Deliberante de Rosario de Lerma dijeron que esperarán una nueva presentación de la documentación pertinente a los movimientos financieros de los eventos realizados durante los últimos carnavales, que motivaron la última reunión del escándalo. Caso contrario harán un planteo judicial contra la comuna. Los ediles consideran que hubo una recaudación diferente a lo descripto por la jefa de Rentas el jueves pasado.

La funcionaria en diálogo, con El Tribuno, enfatizó que fue agredida por la presidenta del Concejo Deliberante Griselda Galleguillos y su hermano Guillermo, en plena exposición acerca de la recaudación lograda mediante los bailes, los corsos, el desentierro y entierro del carnaval 2020.

Además, contó cómo en un momento dado les cerraron las puertas del Concejo para evitar que ella y su asesora legal Victoria Rodó pudieran salir del recinto.

"Fui al Concejo a explicar sobre un pedido de informes referido a las actividades carnestolendas realizadas por la comuna. Sin embargo, fui blanco de agravios personales, insultos con un grado de violencia incomprensible. Se degradó mi trabajo y lo peor de todo es que fui presa de un encierro injustificable. Estaba muy nerviosa, me sometieron a un nivel de violencia nunca antes vivido, tuve mucho miedo. Los ediles presentes son testigos y parte de esta violencia ejercida contra mi persona, porque la denuncia realizada tiene consecuencia colectiva".

Pistán manifestó, además, sobre la denuncia a un medio local que, según la funcionaria, la injurió a tal punto que se vio afectada su familia. "La violencia mediática continuó en los días posteriores. Lamentablemente, una radio me atacó con tanta vehemencia que terminó afectando mi prestigio profesional y el de mi familia. Puse en conocimiento de esta situación a la Fiscalía con otra denuncia realizada".

La jefa de Rentas explicó también: "Quise salir del recinto del Concejo y no se podía, no quiero ir a sentarme al Concejo nuevamente, por semejante trato de violencia. Mientras explicaba sobre la documentación, el hermano de la presidenta me agraviaba; de repente la presidenta se paró en medio de los ataques, y me dejó con la palabra en la boca".

"Fue un destrato, porque la concejala Galleguillos estaba fuera de sí. Tuvimos que salir por la puerta del costado. Así y todo, se seguían escuchando los agravios hacia mi persona. Este tipo de situación no se la deseo a nadie", agregó la contadora.

Pistán aseguró que presentó toda la documentación solicitada y que no falta nada como, por el contrario, aseguran los ediles. "Por espectáculos hubo una rendición de bordereaux, tasa que se graba a las entradas de un evento, por bailes $510.000; desentierro $2.643.000; corsos $1.155.000 y el entierro $600.000. De esto se saca el 21% de las entradas. Quedó un bruto de alrededor 800 mil pesos en total".

Pistán dijo que el intendente depositará el porcentaje del dinero que le corresponde al Concejo Deliberante y al Centro de Jubilados cuando corresponda y que "nunca se hizo una rendición más clara y nunca el Concejo recibió tanto dinero por los corsos".

La contadora dijo que pidió a la Fiscalía el secuestro del material de los celulares que había. "Varios celulares tienen las pruebas de la violencia", afir mó.

Hay pedidos de informes sin contestar

“Nosotros pedimos las rendiciones del bordereaux del período correspondiente al carnaval 2020, lo pedimos en enero y ahora recién responden cuando estamos a mediados de año”, dijo el concejal Facundo Ramos sobre el escándalo generado en el Concejo el jueves pasado. Cabe hacer la salvedad que la comuna no pudo presentar rendiciones en enero ya que el desentierro del carnaval se programó para el 12 de ese mes y los corsos comenzaron según el calendario, el 25 de enero, hasta el entierro del carnaval que también, según calendario, estaba programado para el 24 de febrero pasado. 
Al edil Ramos, también le pareció mal, como a Galleguillos, que la contadora presentara una rendición en soporte tecnológico: “Es una falta de respeto lo que hizo la contadora Pistán, presentar un power point o diapositiva en donde señala lo que supuestamente se recaudó. Solo fue eso, no había documentación respaldatoria certificada de esos números que presentó la funcionaria”. 
Y agregó: “A mi punto de vista carece de sustento esta presentación. Nosotros hicimos esta ordenanza del 21% y el Ejecutivo la vetó. Al volver al Concejo se promulgó con los dos tercios de los votos. Paradójicamente, el Ejecutivo quiso declarar la nulidad de la norma, una burrada jurídica que ni un estudiante de abogacía lo haría. La comuna reconoce el error y aparta al abogado que había procedido en consecuencia. Lo dijo la asesora legal ante el cuerpo. Nosotros hacemos un planteo lógico, no es una cuestión política. Queremos saber qué pasó con ese dinero de más de 4 millones de pesos, no por capricho sino que es nuestro deber”.
Sobre los acontecimientos ocurridos al margen de esta presentación, Ramos opinó: “Se quiso desviar la atención”. Los ediles, al menos en su mayoría, insistirán con el pedido de la documentación respaldatoria, caso contrario girarán los informes a la Justicia para que actúe la Fiscalía.
 

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