La Cámara de Diputados aprobará hoy la intervención al Ejecutivo municipal de la localidad fronteriza de Salvador Mazza, cuyo intendente, Rubén Méndez, se encuentra imputado por enriquecimiento y asociación ilícita, entre otros delitos.
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La Cámara de Diputados aprobará hoy la intervención al Ejecutivo municipal de la localidad fronteriza de Salvador Mazza, cuyo intendente, Rubén Méndez, se encuentra imputado por enriquecimiento y asociación ilícita, entre otros delitos.
La medida fue dispuesta por el Gobierno provincial luego de que la Justicia allanara propiedades a nombre del intendente, de familiares y de funcionarios de la comuna.
Durante los 18 procedimientos realizados se incautaron unos 200 millones de pesos en efectivo y se secuestraron una media docena de vehículos de alta gama, documentación y un arma de fuego.
La ley de intervención ya tiene media sanción del Senado provincial.
A este expediente se unificará hoy un proyecto que presentaron con la misma finalidad dos diputados de la oposición, Jesús Villa y Manuel Godoy.
El proceso de intervención se inició con la ley que envió el gobernador Gustavo Sáenz a la Legislatura, adonde concurrió el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, para explicar a los senadores las razones de la medida.
Villada dijo que para el Ejecutivo provincial la causa judicial contra Méndez desencadenó una crisis institucional en el municipio fronterizo y subrayó la necesidad de actuar rápidamente para preservar la paz social.
El ministro político explicó que la intervención es para el Ejecutivo municipal y no alcanza al Concejo Deliberante.
También dejó en claro que el remedio institucional en marcha no implica una valoración del ámbito judicial y reiteró que se inscribe en la necesidad de preservar la institucionalidad, teniendo en cuenta que se requiere de credibilidad social para poder llevar adelante los destinos del pueblo.
En tratamiento exprés los senadores otorgaron el jueves pasado la media sanción y hoy la Cámara Baja sancionará la ley para apartar al intendente Méndez.
No se descarta que el ministro Villada también explique los fundamentos de la medida a los miembros de la Cámara Baja provincial.
La ley en debate y tratamiento legislativo dispone la intervención al departamento ejecutivo del municipio de Salvador Mazza hasta el 10 de diciembre de 2023, con encuadre en el artículo 179 inciso 2) de la Constitución Provincial.
Además, que el intendente en ejercicio cesará en su cargo a partir de la entrada en vigencia de la norma.
También facultará al Ejecutivo provincial a designar al comisionado interventor con las atribuciones que la Constitución provincial y las leyes de la Provincia le confieren al órgano intervenido.
Finalmente dispondrá que la intervención se extenderá hasta la asunción del intendente que resulte electo en los comicios provinciales de 2023.
En algunos corrillos políticos se inicio el fin de semana pasado una danza de nombres en torno del futuro interventor de la localidad.
En declaraciones a medios capitalinos la titular del Concejo Deliberante, María Valdiviezo, quien asumió al frente de la intendencia de Salvador Mazza por licencia de Méndez, dijo que suenan Miguel Isa y Gastón Galíndez. Sin embargo, por ahora son versiones y fuentes oficiales habían desmentido que el exintendente capitalino fuera a asumir en ese cargo.
Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal informó que ayer se sumó a la causa a una contadora y que ya son 12 los imputados.
Los fiscales Ana Salinas Odorisio y Pablo Cabot sumaron como imputada por enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe necesaria a la contadora Liliana Cristina Centeno, quien se abstuvo de declarar.
Los delitos imputados y sobre los que el Ministerio Público Fiscal continuará investigando son: asociación ilícita, peculado, enriquecimiento ilícito, peculado de servicios y trabajos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Teniendo en cuenta que de la investigación realizada por investigadores fiscales del CIF surgieron circunstancias que podrían constituir delitos federales, como evasión fiscal y delitos aduaneros, el Ministerio Público Fiscal dio intervención a la Justicia Federal.
Una nueva imputada
La Unidad Fiscal integrada por Ana Salinas Odorisio y Pablo Cabot imputó ayer a Liliana Cristina Centeno por enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe necesaria. Se presentó con un defensor oficial y se abstuvo de declarar.
El Ministerio Fiscal informó que Centeno, quien es contadora pública, “confeccionó” las declaraciones juradas que permitieron las compras de los vehículos que fueron secuestrados el miércoles pasado durante los 18 allanamientos al domicilio del intendente Méndez, familiares y funcionarios comunales.
Según lo suministrado por la AFIP, lo manifestado por la contadora Centeno “no concuerda con los registros obrantes en el organismo nacional, en cuanto a la capacidad patrimonial y financiera de las personas mencionadas para poder realizar la adquisición de los vehículos”.