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"Se suman derechos para los adolescentes"

Entrevista con Luciana Danduch, Directora General de Asuntos Legales de la Secretaría de Justicia.
Domingo, 10 de diciembre de 2023 01:32

¿Cómo cree que va a impactar la implementación del nuevo sistema procesal penal juvenil en la provincia?

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¿Cómo cree que va a impactar la implementación del nuevo sistema procesal penal juvenil en la provincia?

El régimen penal juvenil vino sufriendo sucesivas prórrogas desde la sanción de la Ley 8097. Finalmente en 2022 se creó una comisión especial de la que formamos parte Ministerio de Seguridad y Justicia conjuntamente con representantes del Poder Judicial, Ministerio Público y Cámaras Legislativas. Desde ese espacio se logra finalmente, con la ley 8389, aplicar algunas modificaciones al texto legal y la implementación progresiva del régimen en todo el territorio de la provincia, instalando el sistema acusatorio para el tratamiento de las causas donde intervienen niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal.

Esto significa igualar el tratamiento para las causas donde intervengan adultos o niños, niñas y adolescentes, ya que coexistían dos sistemas: el inquisitivo para menores de 18 años y el acusatorio para los adultos, según quien cometía el delito. Eso resultaba incluso perjudicial e implicaba mayor desprotección para los niños, niñas y adolescentes.

La implementación definitiva del régimen en toda la provincia está prevista para finales de diciembre de en los distritos del interior. El sistema acusatorio para todas las causas respeta los derechos de las personas acusadas de delitos porque cada uno de los que intervienen tiene un rol definido.

El fiscal acusa, el defensor defiende y el juez es el que juzga de manera independiente e imparcial, respetando el derecho de igualdad que tenemos todos ante la ley.

¿Le parece que este cambio ofrece garantías de un proceso más justo y eficiente?

Considero que devenía urgente, necesaria y justa la implementación, en atención a las normas de carácter internacional que protegen a los niños, niñas y adolescentes, en especial la Convención sobre los Derechos del niño y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores "Reglas de Beijing". Es necesario respetar los derechos allí enunciados. El tratamiento diferencial no solo era discriminatorio sino que atentaba contra legislación internacional en materia de protección de niños, niñas y adolescentes.

Con la modificación se incorporan al texto legal derechos específicos de las niñas, niños y adolescentes, conforme los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño, tales como a solicitar la presencia de sus padres, responsables o referentes afectivos; a tener un abogado defensor y a que se le informe en un lenguaje claro y sencillo de qué se lo acusa.

Se incorpora también el trabajo de equipos interdisciplinarios para el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes que resultaran involucrados en el proceso.

Asimismo, el texto legal garantiza expresamente el derecho a ser oído que tiene la niña, niño o adolescente. Y algo muy importante es que la detención se lleva a cabo como última alternativa y siempre que no exista ninguna otra medida más idónea.

¿Cuáles son las políticas que se aplican para la resocialización de los chicos menores de 18 años que se vincularon con situaciones de violencia y delitos?

La ley prevé como primera medida el mantenimiento de la niña, niño o adolescente en su núcleo familiar bajo la responsabilidad de un miembro mayor de edad. En caso de no ser posible o resultar inconveniente, confiarlo a otra persona, familiar o no, para su supervisión y bajo su responsabilidad, otras veces se puede implementar la obligación de concurrir periódicamente a la sede del juzgado acompañado de un mayor responsable o la prohibición de asistir a determinados lugares, o de frecuentar determinadas a personas, y la última medida va a ser la privación de la libertad o alojamiento en un instituto especializado.

La autoridad administrativa de protección de derechos se encuentra dentro de la Subsecretaría de Políticas penales dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, la Dirección de Justicia Penal Juvenil a través de los centros distribuidos en todo el territorio de la provincia lleva a cabo medidas de protección y prevención tales como el cuidado, orientación, supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que todo guarde proporción, tanto con sus circunstancias como con la infracción.

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