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La coalición gubernamental afronta el desafío de una difícil digestión política. Como producto del estado de necesidad, patentizado en el agotamiento de las reservas del Banco Central; o sea, más como resultado de las urgencias de la coyuntura que de la voluntad de los protagonistas, el gobierno afronta la necesidad de avanzar hacia un nuevo consenso nacional atado a las exigencias planteadas por el acuerdo con el FMI, cuyos términos habrán de esclarecer el rumbo económico.
La carta de Cristina Kirchner del 26 de octubre inauguró un nuevo escenario, cuya configuración es aún incipiente. El gobierno está obligado a rectificar su rumbo. La dirección del viraje guarda semejanzas con el contenido con el discurso presidencial del 10 de diciembre de 2019, con su apelación a la unidad nacional, desdibujada en estos meses de gestión por las contradicciones de la coalición gubernamental y por las iniciativas confrontativas impulsadas por el "kirchnerismo", como la tentativa de expropiación del grupo Vicentín y el proyecto de reforma judicial.
Inquietudes de Cristina
La oportunidad de la carta está vinculada con su contenido. Cuando las expectativas negativas de los agentes económicos auguraban una estampida cambiaria que podía acarrear el estallido de una crisis de gobernabilidad, el texto de la vicepresidenta implicó un reconocimiento de la realidad y, al contrario de la mayoría de las interpretaciones periodísticas, otorgó a Fernández un mayor espacio de maniobra para ensayar las rectificaciones exigidas por las circunstancias.
Cristina Kirchner demostró saber que el fracaso del gobierno sólo le podría acarrear gravísimas consecuencias políticas, judiciales e incluso personales. La hipótesis de que un colapso de Fernández podría favorecerla es tan descabellada como la fantasía de que en esa eventualidad ella podría asumir la presidencia. Su supervivencia está atada al destino del gobierno.
La carta develó la razón que la inclinó a ungir la candidatura de Fernández, en lugar de la suya. La vicepresidenta señaló que su nominación no hubiera logrado la reunificación del peronismo y que con el peronismo dividido hubiera perdido la elección contra Mauricio Macri. Esa confesión explica la razón de ser del Frente de Todos, una alianza que surgió con la consigna de que "con Cristina no alcanza, pero sin Cristina no se puede".
Desaveniencias
Esa aclaración sobre la raíz de la actual coalición gubernamental ayuda a comprender por qué Cristina Kirchner sostiene que, aún con esa anomalía de origen, el poder político en la Argentina reside en la Presidencia. Las encuestas indican que el descenso de la imagen presidencial está vinculado con la percepción de que Alberto Fernández no ejerce el poder que le fuera conferido por el voto popular. La imagen de un "presidente títere" destruye la credibilidad de cualquier gobierno.
Días antes de la carta de Cristina Kirchner, en coincidencia con el "banderazo" del 12 de octubre y los inicios de la corrida cambiaria, cuando Eduardo Duhalde alertaba sobre un "momento de preanarquía", Roberto Lavagna difundió una declaración cuyos términos conviene retener: "Pretender que el Presidente y la vicepresidenta se distancian o tomen caminos distintos es una aspiración institucionalmente dañina para el futuro del país... Lo mejor que nos puede ocurrir es que la fórmula presidencial se mantenga unida, pero dentro del concepto "alcanza para ganar pero no para gobernar". Nada cambió desde hace 10 meses como para olvidarse de esta parte del análisis que originó la fórmula. La sociedad argentina no está para soportar extremismos de derecha ni de izquierda. Aceptar la idea de respetar la unidad de la fórmula que fue elegida implica también respetar un equilibrio hacia el "centro" que permita gobernar. Asimismo, la fórmula debe mantenerse unida en un contexto en que el presidente pueda gobernar con todas las facultades y libertadores inherentes a la función".
En este contexto cabe situar la declaración de la ex presidenta cuando plantea la necesidad de "un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la Argentina".
El hecho de que esa convocatoria no haya estado en la agenda de la ex presidenta durante sus años en el gobierno ni en los últimos diez meses, en los que obstaculizó los intentos en ese sentido, no quita valor a esta afirmación, que responde a un elemental principio de realidad frente una situación de emergencia de un gobierno que parecía asomarse al precipicio.
Los acontecimientos sucedidos en los días subsiguientes revelan que esa apreciación era compartida por la mayoría de los actores políticos, tanto en el gobierno, donde el impacto de la sorpresa signó las reacciones inmediatas, como -y aún más claramente- en la oposición. El sorpresivo apoyo de Elisa Carrió a la postulación de Daniel Rafecas para la Procuración General fue un síntoma sugestivo, pero más significativa resultó la visita a la casa de Carrió del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acompañado por María Eugenia Vidal, interpretada como un fortalecimiento del ala "dialoguista" de Juntos por el Cambio.
Como colofón de esa semana agitada, el viernes 30 de octubre, sólo cuatro días después de la carta, el Equipo de Pastoral Social del Episcopado realizó una jornada significativa.
Allí expusieron el presidente, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, el titular de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea, y el senador porteño Martín Lousteau, firme aliado de Rodríguez Larreta en la UCR. Ese mismo día, Sergio Massa, quien por su rol como socio de la coalición gubernamental, titular de la Cámara de Diputados y su amistad con Rodríguez Larreta, es un personaje central en las negociaciones en desarrollo, inauguró una Escuela de Gobierno del Frente Renovador con la presencia de Ricardo Alfonsín. Si se unieran estos episodios en una imaginaria línea de puntos, puede graficarse las características de este cambio de escenario.
Paralelamente, Fernández intensificó sus contactos con los líderes empresarios, en conciliábulos que precedieron a una “reunión cumbre” mantenida el lunes 2 de noviembre en el Palacio de Hacienda entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, con los directivos de la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA). Entre ellos, se destacó la presencia de Héctor Magnetto, una figura estigmatizada por el “kirchnerismo”. Para ilustrar cómo cambian los tiempos, conviene recordar que la presencia en Olivos de directivos de AEA en un desayuno con Fernández el 9 de julio, había sido un punto de fricción entre el presidente y Cristina Kirchner, quien difundió un tweet que elogiaba una nota en Página 12 del periodista Alfredo Zaiat sobre los peligros que encerraban esas “malas compañías”.
En esa misma semana en que la carta de Cristina Kirchner ponía en marcha una dinámica distinta en los acontecimientos, los conflictos suscitados por la toma de tierras en Guernica y en el establecimiento de la familia Etchevehere en Entre Ríos pusieran a prueba la viabilidad de cualquier entendimiento. La decisión judicial que determinó en ambos casos el desalojo de los ocupantes reveló la subsistencia de un tejido institucional que, si bien precario, resulta suficiente para asegurar, aunque a veces a la larga, el ejercicio del derecho de propiedad.
Esa certeza es una condición para la inversión. La garantía de su vigencia constituye un “punto de no ceder” para cualquier plan de recuperación económica. La cuestión es muy sensible para el sector agropecuario, uno de los pilares de la propuesta elaborada por el Consejo Agroindustrial Argentino, plasmada en un proyecto de ley que el gobierno enviará al Congreso Nacional.
Todo esto ocurría mientras visitaba Buenos Aires la delegación del FMI para avanzar en las conversaciones tendientes a un acuerdo de facilidades extendidas que permita refinanciar la deuda con el organismo y habilitar una línea de financiación de los organismos multilaterales de crédito indispensable para evitar el colapso en las reservas del Banco Central. La concreción de este acuerdo está supeditada a dos condiciones inequívocas. La primera es un consenso político y social básico en torno al cumplimiento de los compromisos contraídos en esa negociación. La segunda es el aval del gobierno de Estados Unidos.
Esas condiciones suponen un giro en la política económica y en la política exterior. Esto implica una reformulación del sistema de poder existente en la Argentina desde diciembre de 2019. Sus actores tendrán que transitar ese camino erizado de obstáculos animados de una única pero sólida certeza común: el fuego quema.
* Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico y miembro del Centro de Reflexión para la Acción Política Segundo Centenario.