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"¿Cuándo se jodió el Perú"
Es la célebre pregunta de Mario Vargas Llosa en su libro "Conversación en la Catedral", editado en 1969, tantas veces reiterada y jamás respondida en las últimas décadas. Pero a la luz de su historia política contemporánea, cuya expresión más reciente fue la destitución por el Parlamento del presidente Pedro Castillo y su reemplazo por la vicepresidente Dina Boluarte, sería más apropiado inquirir sobre "¿Cómo sobrevive el Perú?", un país que en seis años tuvo seis mandatarios y donde la primera magistratura suele representar la estación previa a la cárcel.
Desde el momento de su asunción nadie apostaba un centavo por la suerte de Castillo, un maestro rural del "Perú profundo" que saltó a la fama como líder de una huelga nacional del gremio docente y fue ungido candidato presidencial extrapartidario por el partido Perú Libre, liderado por Vladimir Cerrón, un dirigente confesamente proclamado marxista leninista, inhabilitado para postularse por una condena penal derivada de su paso por la gobernación de Junín.
Castillo cosechó apenas el 20% de los votos en la primera vuelta y en un balotaje para el infarto derrotó por el 50,1% contra el 49,9% a Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, quien gobernó entre 1990 y 2000 y fue condenado luego a 25 años de prisión. En absoluta minoría en un Congreso hiperfragmentado, en 17 meses tuvo que cambiar cinco jefes de gabinete y 70 ministros.
La suerte de Castillo confirma una regla no escrita de la política peruana a partir de Alberto Fujimori (1990-2000): la presidencia es la antesala del procesamiento penal y en la mayoría de los casos de la prisión. Alejandro Toledo (2001-2006) aguarda en Estados Unidos ser extraditado. Ollanta Humala (2011-2016) fue a la cárcel. Alan García (2006-2011) se suicidó en su domicilio minutos antes de ser detenido por la policía. Pedro Kuczynski, electo en 2016 y destituido en 2019, estuvo detenido y es procesado por lavado de dinero. Martín Viscarra, su sucesor constitucional (2019-2021), es juzgado actualmente por actos de corrupción.
El vaciamiento de la autoridad presidencial generó la configuración de una "parlamentocracia". El Poder Legislativo resulta más importante que el Poder Ejecutivo y los diputados tienen más relevancia política que los ministros. La difusa expresión constitucional de "incapacidad moral permanente" como causal de destitución es una espada de Damocles que pende cotidianamente sobre la cabeza del presidente de turno.
Esta supremacía no está acompañada por niveles de popularidad. En las semanas previas a su caída, las encuestas indicaban que Castillo tenía una imagen negativa del 61% y el Congreso que lo destituyó un índice de rechazo del 86%. En los disturbios y las movilizaciones populares ante la destitución de Castillo se unen las expresiones minoritarias de apoyo al ex mandatario con el descontento ante la "dictadura parlamentaria".
Un fenómeno atípico
Para entender este extraño escenario conviene tener en cuenta que Perú protagoniza, a la vez, un éxito económico y un fenómeno social inédito en América Latina. En treinta años, su economía se multiplicó por cuatro. Ese crecimiento está sustentado en la irrupción de una nueva clase media y un vigoroso empresariado, surgidos ambos de la base de la pirámide social, que en el curso de una generación transformaron la estructura productiva.
Esta nueva burguesía emergente, étnicamente indígena, está integrada por decenas de miles de pequeños empresarios provenientes de la economía informal, que en Perú es más importante que la economía legal. Dicho fenómeno, que fue descripto por el sociólogo peruano Hernando de Soto en su célebre libro "El otro sendero", comenzó en la década del 70 con las migraciones masivas de la población rural a los centros urbanos, en particular a la periferia de Lima.
En esas nuevas barriadas populares que rodearon la ciudad capital y otros centros urbanos, los llamados "pueblos jóvenes", totalmente carentes de infraestructura, surgió espontáneamente una actividad empresarial para satisfacer esa demanda, que abarcaba desde el comercio hasta la industria de la construcción y los servicios de transporte público.
Con el tiempo, este espíritu emprendedor expandió su radio de acción en múltiples direcciones. Perú ocupa el primer lugar en número de microemprendimientos. Existen más de tres millones de empresas de todo tipo. El 97% son microempresas, aunque también hay grupos empresarios con inversiones en el exterior, sobre todo en el área gastronómica. Big-Cola, una gaseosa de origen local producida por la empresa Ajegroup de los Añaños, radicó una planta en Tailandia para exportar desde allí a China, India, Malasia y Vietnam.
Una herramienta central para promover este "capitalismo popular" fue la regularización de los títulos de dominio de los centenares de miles de familias asentadas precariamente en esos "pueblos jóvenes" y las zonas rurales. Esa legalización de la propiedad, impulsada con la participación del propio De Soto durante la primera etapa del gobierno de Fujimori, favoreció a los microemprendimientos. Porque la posesión de títulos en regla permitió a sus beneficiarios el acceso al crédito necesario para financiar el desarrollo de su actividad.
La estrategia orientada a aumentar el número de pequeños propietarios, que fue el secreto de ese "otro sendero" descubierto y preconizado por De Soto en la década del 80, se reveló más efectiva que la retórica indigenista de la izquierda peruana y de los guerrilleros de Sendero Luminoso para responder a las ancestrales reivindicaciones que subyacían después de cinco siglos de historia tras la caída del imperio incaico.
Esta apertura económica "hacia adentro" fue acompañada por una audaz apertura internacional.
Perú tiene una economía abierta, asociada con México, Chile y Colombia en la Alianza del Pacífico y con tratados bilaterales de libre comercio suscriptos con Estados Unidos y China.
Dicha performance exitosa es el contrapeso del desquicio político. En la Italia de la década del 70, previa a la "mani puliti", cuando las crisis políticas se sucedían en medio de un celebrado milagro económico, el humor popular puso de moda el dicho "Italia crece de noche, cuando los gobiernos duermen". Los peruanos podrían hoy adueñarse de esa muletilla.
El poder detrás del trono
Hay empero otro secreto que explica esta disociación. Ningún gobierno modificó el rumbo económico impuesto por Fujimori. Los presidentes que llegaron al poder como enemigos del "modelo neoliberal", como ocurrió con García y con Humala, e incluso con el propio Castillo, experimentaron un proceso de realismo político que llevó a mantenerlo.
La economía peruana tiene dos características singulares. La primera es su sistema bimonetario: el dólar es de libre circulación y puede emplearse como medio de pago en igualdad de condiciones con la moneda local. La segunda, garantizada constitucionalmente, es la independencia del Banco Central, cuyo presidente sobrevive a los frecuentes cambios de gobierno.
El actual titular de la institución, Julio Velarde, que había sido miembro del directorio con Fujimori en la década del 90, fue nombrado en 2006. Desde su despacho ya vio desfilar ocho presidentes. En 2021 Castillo lo designó para un nuevo mandato de cinco años, que vence en 2026 y nadie duda que permanecerá en el cargo por lo menos hasta esa fecha.
Boluarte, en cambio, asumió la presidencia con la intención de completar el mandato de Castillo, o sea también hasta 2026, pero inmediatamente después tuvo que anunciar que convocaría a elecciones para abril de 2024 y debió admitir que sean el año próximo, aunque nadie está condiciones de garantizar si para ese entonces ella estará al frente del gobierno.
La diferencia entre la solidez de Velarde y la fragilidad de Boluarte retrata muy gráficamente lo que sucede en Perú.