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El veto dispuesto por el presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por la oposición en el Congreso, ratificó la decisión de impedir que nadie interfiera en el equilibrio fiscal, su mayor logro hasta el momento. El gobierno sostiene que este aumento establecido en la Ley absorbería el 49% del presupuesto de la secretaría de Educación y que debería ser financiado con recursos extraordinarios. La oposición, en cambio, estima su impacto en solo un 0,14% del PIB.
El veto despierta serias preocupaciones debido al impacto negativo que esta decisión podría tener en la educación pública en Argentina. Al limitar el financiamiento a las universidades, el veto socavaría los principios de igualdad y acceso a la educación, valores fundamentales que han sido defendidos a lo largo de la vida.
Un dilema en varias perspectivas
La situación actual nos obliga a evocar esos cimientos que Domingo Faustino Sarmiento levantó con fervor y visión, y contrastarlos con la realidad presente. Sarmiento fue ese hombre que creía en el poder transformador de la educación, no como un privilegio, sino como un derecho universal y una necesidad de la sociedad. Para él, la educación pública de excelencia era la llave que abriría las puertas de una sociedad democrática, justa y civilizada.
El dilema que enfrentamos hoy puede verse a través de dos prismas: desde la óptica del liberalismo económico, o desde las perspectivas keynesiana o socialdemócrata. El presidente Javier Milei aborda esta cuestión desde su ideología liberal, argumentando que el veto a la Ley de Financiamiento Universitario es necesario para evitar un incremento en el déficit fiscal. La prioridad aquí es equilibrar las cuentas públicas, frenar el endeudamiento y crear un entorno fiscal sólido que estimule el crecimiento a largo plazo.
Si bien el impacto financiero de la ley parece pequeño, un liberal sostendría que cualquier gasto adicional no financiado contribuye a un desequilibrio fiscal, lo que a su vez puede generar inflación, aumentar la deuda pública y limitar la capacidad del país para atraer inversiones y crear empleo. No sorprende, entonces, que se apunte a reformas que reduzcan la dependencia de las universidades del financiamiento estatal, fomentando en su lugar alternativas como el financiamiento privado, las alianzas público - privadas, e incentivando la competencia dentro del sistema educativo. Además, desde esta perspectiva, se cuestiona si un sistema universitario mayoritariamente gratuito, como el de Argentina, realmente incentiva la calidad educativa, o si, por el contrario, fomenta una demanda excesiva sin asegurar un retorno adecuado en términos de productividad y empleabilidad.
Pero es indiscutible que la educación también es un bien público que genera externalidades positivas. Sin embargo, la ortodoxia liberal prioriza racionalizar esos gastos, asegurando que el Estado financie lo indispensable y que lo haga con la mayor eficiencia posible, sin comprometer su sostenibilidad.
El enfoque opuesto al liberal en cuanto al financiamiento estatal de la educación lo encontramos en las corrientes keynesiana y socialdemócrata. Ambos modelos abogan por un papel activo del Estado en la provisión y financiamiento de servicios públicos esenciales, como la educación, argumentando que este tipo de inversión genera beneficios sociales profundos y duraderos. Desde la perspectiva keynesiana, la educación se concibe como una inversión estratégica que impulsa el desarrollo económico al formar una fuerza laboral más capacitada y productiva. En este sentido, el Estado no solo debe financiarla, sino hacerlo de manera constante y generosa, ya que el gasto público en educación se considera un motor clave para el crecimiento económico, especialmente en tiempos de crisis o recesión.
Por su parte, la visión socialdemócrata pone el foco en la educación como un derecho fundamental que el Estado debe garantizar para asegurar la igualdad de oportunidades. Según esta óptica, el acceso universal y gratuito a la educación pública es esencial para corregir las desigualdades sociales y económicas, promoviendo la movilidad social y fomentando la cohesión nacional. Aquí, el gasto en educación no es solo una cuestión económica, sino de justicia social; la intervención estatal es crucial para garantizar que todos, sin importar su origen o recursos, puedan acceder a una educación de calidad.
Con matices ligeramente diferentes, tanto el enfoque keynesiano como el socialdemócrata destacan la importancia del papel del Estado en la provisión y financiamiento de servicios públicos. Mientras uno pone énfasis en la productividad económica, el otro lo hace en la equidad y la justicia social.
Cada uno puede sentirse identificado con alguna de estas posturas o preferir una vía intermedia. En términos políticos, puede optar por alinearse con las ideas de Milei o con las de Sarmiento, lo que nos lleva a explorar la perspectiva de este último.
Sarmiento fue influenciado por diversas corrientes de pensamiento, aunque no se adscribe de manera plena a ninguna ideología contemporánea específica. Sin embargo, su visión se puede aproximar a varios enfoques:
1. Liberalismo clásico: Sarmiento mostró una fuerte inclinación hacia el liberalismo, especialmente en lo que respecta a la promoción de las libertades individuales, el progreso y la modernización del país. La educación pública como herramienta para fomentar la igualdad de oportunidades, el acceso al conocimiento y la formación como factores esenciales para el desarrollo económico y la creación de una ciudadanía informada y activa, eran principios que resonaban con el pensamiento liberal de su tiempo.
2. Positivismo: También estuvo marcado por el positivismo, una corriente filosófica que defendía el uso de la ciencia y el conocimiento como motores del progreso civilizatorio. Esta influencia se refleja en su énfasis en la educación como el medio para transformar la sociedad, dejando atrás la barbarie que, según él, caracterizaba a las zonas rurales y menos desarrolladas de Argentina.
3. Nacionalismo modernizador: Aunque Sarmiento no encaja en el concepto moderno de "nacionalismo", tenía una firme vocación por modernizar la Nación argentina. En este sentido, su visión orientaba hacia una nación civilizada y educada, donde el Estado desempeñaba un papel crucial.
Claroscuros del veto
Aspectos positivos:
* Reducción del déficit fiscal: este veto podría contribuir a una gestión fiscal más eficiente al evitar gastos adicionales que el gobierno considera insostenibles en el contexto actual.
* Fomento de la discusión en el Congreso: la decisión podría abrir un espacio para discutir alternativas de financiamiento más sostenibles y acordes con la política económica del gobierno, promoviendo un debate más amplio sobre la educación superior y su financiación.
* Adecuación del sistema educativo: el veto actúa como un llamado de atención para revisar la gestión educativa en general. Es crucial concientizar sobre la diferencia entre educación no arancelada y educación gratuita, ya que la educación no es realmente "gratis"; su costo es asumido por la sociedad a través de los impuestos. Por lo tanto, no solo es necesario defenderla, sino también cuidarla y administrarla con responsabilidad.
Consecuencias negativas:
* Protestas masivas: esta decisión ha provocado movilizaciones significativas de estudiantes y docentes, quienes han convocado marchas en todo el país para expresar su rechazo al veto y defender la educación pública. Es probable que estas protestas se intensifiquen, creando un clima de inestabilidad social que podría repercutir en diversos ámbitos.
* Impacto en la calidad educativa: la reducción del financiamiento afectará directamente la calidad de la educación universitaria, limitando recursos esenciales para salarios, infraestructura y programas académicos. Esto podría resultar en un deterioro significativo de los servicios educativos ofrecidos, perjudicando a estudiantes, comunidad académica y sociedad en general, ya que la universidad donde está, aporta.
* Deslegitimación del gobierno: el veto podría interpretarse como un ataque a la educación pública, lo que erosionaría la legitimidad del gobierno de Milei entre sectores cruciales de la sociedad, especialmente entre los jóvenes y el ámbito académico. Esta percepción negativa podría generar un distanciamiento entre el gobierno y estos grupos, dificultando el diálogo y la cooperación futura.
La marcha convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no solo defiende la continuidad de la universidad pública y la actualización de los sueldos de docentes y no docentes, sino que también envía un mensaje claro al gobierno: es imperativo buscar alternativas que no comprometan los derechos educativos de los ciudadanos. Este movimiento reafirma la responsabilidad del Estado de garantizar una educación de calidad para todos, un compromiso que debe ser renovado y fortalecido en cada paso que se dé.