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La Iglesia bajo la lupa nuevamente: Un nuevo escándalo sacude a la Diócesis de Quilmes tras la detención del sacerdote Franco Alberto Lutens, acusado de abuso sexual reiterado y corrupción de menores. La investigación, que ya lleva varios meses, encontró respaldo en las denuncias de víctimas cuyas identidades permanecen bajo estricto resguardo.
Lutens, de 62 años, quien desempeñó su labor como ministro de culto en Ranelagh, Berazategui, fue arrestado ayer lunes en su domicilio ubicado en Avenida República Argentina, tras la emisión de una orden de detención por parte del Juzgado de Garantías número 4 del Departamento Judicial de Quilmes. La operación estuvo a cargo de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) de Berazategui, dependiente de la DDI Quilmes, quienes lograron capturarlo sin mayores contratiempos.
La causa comenzó a gestarse luego de que un catequista de 19 años fuera el primero en dar la voz de alarma. El joven denunció los abusos y pronto otros dos compañeros se unieron a la denuncia, exponiendo una serie de hechos que habrían tenido lugar mientras Lutens ejercía sus funciones en la parroquia local. Las denuncias llegaron a las redes sociales en junio de 2024, lo que forzó al Obispado de Quilmes a suspender preventivamente al sacerdote. Sin embargo, las denuncias no fueron suficientes para evitar su arresto en el marco de una investigación formalizada poco tiempo después.
El Obispado de Quilmes emitió un comunicado en el que confirmó la detención de Lutens y expresó su profundo dolor por el sufrimiento de las víctimas. "El Obispo Carlos José Tissera lamenta profundamente el sufrimiento de las personas afectadas y pone a disposición el Equipo Diocesano para la Protección de Menores y Adultos Vulnerables", señala el comunicado. Además, la iglesia pone a disposición sus canales de contacto para recibir denuncias y consultas relacionadas con posibles abusos dentro de su estructura.
El caso, que pone en jaque la confianza de la comunidad religiosa, continúa bajo investigación. Lutens será trasladado en las próximas horas a la fiscalía para declarar en indagatoria. Las autoridades judiciales continúan reuniendo pruebas mientras se esperan nuevos testimonios que podrían ampliar el alcance de la causa.
El crimen, agravado por el hecho de ser cometido por un miembro de la Iglesia, lleva a una reflexión profunda sobre el manejo de estos casos dentro de las instituciones eclesiásticas. ¿Cuántos más se ocultan tras las paredes de las iglesias? Esta es una pregunta que queda flotando en el aire mientras la comunidad sigue buscando respuestas y justicia para las víctimas.