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El conflicto en la escuela Delfín Leguizamón vuelve a poner sobre la mesa un debate central: ¿cómo responde el Estado cuando niñas y niños denuncian conductas que vulneran su integridad?
El subsecretario de Políticas Socioeducativas, Alejandro Williams Becker, presentó la intervención del Ministerio en la escuela Delfín Leguizamón como una acción rápida y ajustada a protocolos, pero sus propias palabras dejan ver varias cuestiones para analizar. Indicó que el conflicto central surgió de un grupo de 5 a 10 madres, aunque luego más padres se sumaron a las reuniones convocadas por Supervisión.
El conflicto con las familias expone de nuevo un problema estructural: la distancia entre la aplicación formal de protocolos y la percepción de las comunidades educativas sobre cómo se resguardan efectivamente los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
1. El desplazamiento de la directora y la supuestas amenazas de los padres:
Becker informó ayer que la directora Liliana Aramayo recibió licencia y será trasladada a otra institución "para garantizar su seguridad ante presuntas amenazas". Este dato es clave: el Ministerio remarcó la protección de la funcionaria frente al malestar comunitario, pero también es necesario focalizarse con igual fuerza en el clima de confianza pedagógica que las familias reclaman como base de la continuidad educativa de sus hijos.
La decisión puede ser correcta en términos laborales, pero si se toma sin un plan integral de recomposición de vínculos, solo desplaza el problema sin resolver el planteo de fondo.
2. "Conductas inapropiadas" y el riesgo de relativizar:
Sobre los episodios denunciados como abusos sexuales, el funcionario afirmó: "Los episodios tal cual han sido redactados no son de una anomalía absoluta ni de una atipicidad absoluta en términos de cosas que ocurren a esa edad".
Aunque Becker intentó matizar luego ("quizás sí alguna expresión puede haber sido desafortunada"), la primera respuesta abre la percepción de minimización, que fue justamente la que encendió la indignación de las familias. La obligación estatal es actuar siempre desde el principio de máxima protección, no comparando la gravedad de lo sucedido con un estándar de "normalidad" evolutiva.
Cualquier "conducta inapropiada" que afecte la integridad de un niño en la escuela debe ser abordada como una alerta, no como una conducta típica.
3. Protocolos versus confianza social:
Becker insistió en que se aplicaron protocolos, con psicólogos, pedagogos y derivaciones: "La percepción de los padres sobre la minimización de los hechos no refleja la totalidad de las intervenciones".
El problema es que la aplicación burocrática de un protocolo no garantiza por sí misma confianza social. Las familias necesitan ver transparencia, comunicación clara y resultados, no solo procedimientos internos. Aquí el desafío del Ministerio no es solo normativo, sino pedagógico: reconstruir la confianza con diálogo y participación comunitaria real.
4. Circulación de pornografía en chats
El subsecretario desligó al sistema educativo de este punto: "Nos excede, porque no podemos acceder a verificar el contenido que se envía en un grupo… pertenece al ámbito privado y bajo responsabilidad civil de los padres".
Es cierto que el control directo corresponde a las familias, pero el Estado no puede desentenderse de la educación digital y de la formación en ciudadanía responsable. La respuesta oficial corre el riesgo de sonar a evasión. El Ministerio debería reforzar políticas de alfabetización digital crítica y de prevención del grooming, en lugar de limitarse a señalar competencias legales.
5. "La conflictividad social del entorno":
Becker relativizó el problema al decir que: "A veces el grado de conflictividad de una escuela no es reveladora necesariamente de un déficit de la gestión, sino que está inevitablemente conectado al nivel de conflictividad social del entorno escolar".
Este argumento puede ser leído como un intento de deslindar responsabilidad institucional. Sin embargo, el derecho a la educación exige que, incluso en contextos de alta vulnerabilidad social, el Estado redoble sus dispositivos de cuidado y acompañamiento. No se trata de negar el contexto, sino de reconocer que la escuela debe ser un espacio especialmente protegido.
6. La centralidad del derecho a la educación:
Becker cerró su explicación recordando que "el derecho a la educación es de los niños" y que los padres tienen la obligación de enviarlos a clases. La afirmación es correcta, pero llega después de una serie de respuestas que no despejaron la principal inquietud de las familias: cómo garantizar entornos seguros y confiables en la escuela.
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