Los choferes de micros de larga distancia iniciaron ayer a partir de las 21 un paro en reclamo de un aumento salarial, mientras que la Secretaría de Transporte intimó a los empresarios a prestar normalmente el servicio y advirtió con aplicar “duras sanciones”.

La medida de fuerza afectará a todo el servicio de larga distancia, anticipó el secretario de Prensa de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Mario Calegari.

“Hace un trimestre que venimos discutiendo y no hay ofrecimiento de nada”, explicó el dirigente gremial.

En declaraciones a Radio 10, el gremialista indicó que los empresarios “ofrecieron cero” de mejora salarial, pese a que iniciaron las negociaciones a principios de año.

El dirigente reconoció como “válido el argumento” de los dueños de los colectivos sobre que sus cuentas se complicaron por la quita de subsidios y llegó a decir que la administración central “alguna ayuda” les tiene que dar.

El sindicalista, en ese sentido, recordó que los pasajes en avión de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas permanecían “más baratos” para viajar a “algunos destinos” producto de la persistencia de las subvenciones para esa compañía.

Recordó que el sindicato reclama un aumento del 23 por ciento, con un sueldo básico de 7.500 pesos.

Calegari dijo que los representantes de los choferes estuvieron reunidos con la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, y el secretario de Transporte, Alejandro Ramos, para analizar la paritaria del sector.

A principios de este mes, la UTA había lanzado un paro por tiempo indeterminado, que se extendió por cinco días y provocó graves trastornos, ya que dejó a miles de pasajeros varados.

“Este paro es por ese mismo conflicto no resuelto. Nosotros levantamos en esa oportunidad las medidas de fuerza, pero las empresas no quieren dar el aumento que reclamamos”, explicó Calegari.

Por su lado, la Secretaría de Transporte intimó a las cámaras empresarias del sector, bajo amenaza de “acciones civiles y penales” a prestar con normalidad el servicio.

El reclamo lo hizo Ramos, mediante una nota en la que solicitó a los empresarios “abstenerse de toda medida que configure un incumplimiento al marco regulatorio que vincula al sector empresario con el Estado Nacional”.

Ante la medida de fuerza, Ramos advirtió que estamos en presencia de un “claro perjuicio de los usuarios de los servicios públicos involucrados y los trabajadores del sector”.

Advirtió a los empresarios que esas acciones estarán “bajo apercibimiento de ser pasibles de la sanción de caducidad del permiso, demás acciones civiles y penales que por derecho correspondan, atento que se configuraría como consecuencia de dicha conducta un impedimento al normal funcionamiento del servicio público de transporte”.

Ramos envió el pedido a la Cámara Empresaria de Transporte Interurbano de Jurisdicción Nacional.

 

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