El Colegio de Magistrados y Funcionarios de Salta emitió un comunicado bajo el siguiente título: "La Justicia debe poder realizar su labor libre de presiones". La corporación que nuclea a los administradores de Justicia de la provincia no explica a título de qué efectuó dicho pronunciamiento, pero todo indica que lo hizo a raíz de la denuncia que presentó el procurador general Abel Cornejo contra el juez de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, Adolfo Figueroa.
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El Colegio de Magistrados y Funcionarios de Salta emitió un comunicado bajo el siguiente título: "La Justicia debe poder realizar su labor libre de presiones". La corporación que nuclea a los administradores de Justicia de la provincia no explica a título de qué efectuó dicho pronunciamiento, pero todo indica que lo hizo a raíz de la denuncia que presentó el procurador general Abel Cornejo contra el juez de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, Adolfo Figueroa.
El jefe de los fiscales acusó Figueroa por "mal desempeño", y pidió que sea relevado de sus funciones por considerar que al tratarse de un juez jubilado que accedió al cargo en forma interina, en 2016, por ley ya tiene el mandato vencido. El procurador lanzó toda su artillería contra el magistrado luego de que este sobreseyera al cura José Carlos Aguilera, acusado de "abuso sexual gravemente ultrajante", y que luego denegara el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el fiscal de Impugnación Rodolfo Villalba Ovejero.
"Las presiones indebidas, externas o internas, afectan la independencia judicial", expresa la Asociación de Jueces, Magistrados y Funcionarios. Con ello manifiesta un apoyo implícito a las resoluciones dictadas por Figueroa, quien no solo declaró la prescripción de la causa contra Aguilera sino que revocó el requerimiento de juicio al sacerdote Agustín Rosa Torino, también acusado de abuso sexual gravemente ultrajante. La institución sostiene que "la independencia de la magistratura" abarca a los jueces y a los magistrados, es decir a fiscales, defensores oficiales y asesores de Incapaces.
También expresa que los magistrados "debemos trabajar con el único temor de cumplir con los mandatos de la ética judicial". Y agrega: "Por eso, la vía de control y eventual corrección de los actos judiciales son los medios de impugnación procesales y no las denuncias". En alusión a la decisión adoptado por Cornejo, la entidad considera que "no deben abrirse procesos de investigación a magistrados", como tampoco "procesos de enjuiciamiento mientras haya recursos, quejas, vías impugnativas que canalizan los desacuerdos con las decisiones de los magistrados".
A juicio de las autoridades que conducen el Colegio, la apertura de estos procesos paralelos "afecta la independencia judicial". Y en tal sentido reafirma que "la independencia no es solo de las partes (imparcialidad) o de los demás poderes del Estado (independencia externa), sino también importa la libertad de pensamiento y juzgamiento independiente (independencia interna)". Además, advierte que "no resulta más tolerable que la intromisión provenga de la misma administración de Justicia (Poder Judicial o Ministerio Público), a que sea de los demás poderes del Estado o de abogados en ejercicio de la defensa".
En la misma línea de sostenida crítica a procederes como los de Cornejo, el Colegio de Magistrados interpreta que la independencia "se resiente si ante cada resolución alguno de los sujetos del proceso estime errada, recurre a la amenaza de jury, a la denuncia mediática o a la pretensión de abrir un proceso penal". Lo que el procurador dispuso es que Figueroa sea investigado por el fiscal penal Pablo Rivero, quien en los próximos días lo citará a declarar y probablemente lo impute por el delito de "mal desempeño". Al mismo tiempo, solicitó a la Corte de Justicia y al Consejo de la Magistratura que convoque a concurso para seleccionar a los remplazantes de Figueroa y de Antonio Silisque, el otro juez jubilado que integra la Sala IV del Tribunal de Impugnación.
Al aludir a la denuncia de Cornejo, el Colegio refiere que "cuando el fallo de un juez o el dictamen de un fiscal no satisface el interés de las partes, la ley prevé los mecanismos para impugnarlo". Subraya que "proteger y respetar la imparcialidad e independencia de los magistrados es tarea de todos", aun cuando las decisiones que estos tomen "no se correspondan con el sentimiento de parte de la población".
El comunicado concluye en estos términos: "El Colegio de Magistrados y Funcionarios de Salta expresa su preocupación ante avances que afecten esta garantía esencial de la democracia".